La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Roque Vítolo, está siendo foco de una "reestructuración" y el Gobierno está derogando normas que salieron durante la gestión anterior, a la cabeza de Ricardo Nissen, con el objetivo de flexibilizar el control que se le impone a las empresas offshore y sociedades anónimas.
Este miércoles, a través del Boletín Oficial, informaron que las "sociedades vehículo" ya puedan registrarse en el país sin necesidad de cumplir con los recaudos impuestos por la Resolución General IGJ para las empresas constituidas en el extranjero que pretendieran el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento u otra representación permanente en el territorio nacional. Las medidas, que retiran controles, y tienen el objetivo de atraer capitales, corren el riesgo de acercar a la Argentina a un paraíso fiscal.
Las "sociedades vehículo", que son aquellas que no están en condiciones de acreditar su principal actividad, con el cambio en la normativa quedan "dispensadas aquellas cuya inscripción se solicite para ser instrumento de inversión de otra sociedad constituida en el extranjero que directa o indirectamente ejerza su control" por poseer derechos de voto suficientes para formar la voluntad social de la peticionaria.
Las offshore sólo deberán acreditar que los requisitos dispensados son cumplidos por sociedad controlante directa o indirecta de la peticionaria de la inscripción.
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