Desde hace más de un mes y medio que Marcelo Nahuel Morandini, de 45 años, y Humberto Roque Villegas, de 42, pasan sus días en prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 del barrio Gorriti, de San Salvador de Jujuy. Los dos -que hasta hace poco no se conocían entre sí- difundieron en redes sociales mensajes ironizando sobre el exgobernador de Jujuy. Roque subió un flyer y Nahuel escribió un tuit. Lo que siguió después pareciera sacado de una película de terror.
Se trata de un caso en clave de libertad de expresión, porque con el uso hoy generalizado de las redes sociales esto le podría haber pasado a cualquiera. Roque es emprendedor. Nahuel es ingeniero ambiental y docente en la Universidad de Salta. No es un militante político. Es padre de dos niñas pequeñas que desde hace 50 días van a visitarlo al penal.
Sobre el caso que empezó con un rumor
A fines de 2023, en medio del calor de un verano que recién empezaba y con Javier Milei estrenando sus primeras semanas como presidente, se filtró un audio anónimo de WhatsApp. Era la voz de una mujer que afirmaba que el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no había autorizado a la banda Los Tekis para tocar en un festival debido a una supuesta infidelidad de la esposa de Morales, Tulia Snopek, con un miembro de la banda. Pero eso no era todo, también insinuaba que la mujer y el líder del grupo musical eran los verdaderos padres de la criatura de dos años que pertenecía al matrimonio.
Con el controversial chisme en boca de muchos, un 26 de diciembre Nahuel Morandini publicó un tuit haciendo alusión al tema, aunque sin dar nombres o apellidos directos ni agregar ninguna imagen: “Hace ya varios años que en jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Un chiste de mal gusto.
El verdadero escándalo estaba a punto de desatarse. Convencido de que se trataba de una operación en su contra, el matrimonio jujeño decidió llevar el asunto a la Justicia. Pero desde un primer momento la detención de Nahuel fue irregular. La antropóloga y compañera de Morandini, Lucía Castro Olivera, recuerda el primer contacto con las fuerzas de seguridad de la siguiente manera: “Vino a nuestra casa una persona fingiendo estar caminando por la zona. Nos pidió que le dejemos cargar el celular, nosotros accedimos y entró a nuestra casa. Resultó ser un policía vestido de civil que estaba haciendo tareas de inteligencia”.
Tras esa situación, un grupo de oficiales se apersonó en la casa de Nahuel y le pidió que se presentara en el área de delitos complejos. Como venían en un auto sin patente, Morandi se negó a ser trasladado y prefirió presentarse por su cuenta. “Obviamente no tenía nada que ocultar”, dice Lucía.
La prisión preventiva por 60 días, en la Unidad Penal 1 de Jujuy, llegaría el 4 de enero para Morandini y Villegas. La orden fue dictada por el juez de Control Roberto Assef, a pedido del fiscal penal Walter Rondón, a los fines de que “no sigan cometiendo delitos” (si, el delito en cuestión sería seguir tuiteando y retuiteando). Cabe aclarar que consultado por este medio, tanto el vocero del exgobernador como el fiscal de la causa, prefirieron no dar declaraciones.
Y es que según la Justicia jujeña, Morandini había puesto en duda la fidelidad de Tulia así como también cuestionado su “dignidad” y la de su marido, lo que “sembró el virus” que hizo que se propagara la noticia falsa. De acuerdo a lo que consignaron fuentes judiciales a Perfil, los acusados supuestamente "están incumpliendo la Ley de Niños y la Ley Olimpia". Ésta última incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres y establece el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.
A partir de entonces, se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y supresión de identidad de menores, una carátula que fue creada en el marco de los juicios de lesa humanidad para enjuiciar a represores y apropiadores de bebés (artículos 138 y 139 del Código Penal). Los dos delitos sumados -como pretende la fiscalía- pueden dejar tanto a Villegas como a Morandini en prisión hasta por ocho años.
En el caso, se confiscaron los teléfonos de los acusados y se revisaron sus conversaciones en WhatsApp, que se presentaron como evidencia en contra. Además, a los familiares de los detenidos se les aplicó un bozal legal que les prohíbe hablar públicamente sobre Morales, su esposa o su hija. Esta semana, la investigación se dio por concluida y la causa avanza hacia el juicio.
Entonces, ¿tuitear es un delito?
“Estamos frente a una persecución muy grosera. Es una especie de leading case (un caso que puede iniciar una tendencia) vinculado a la libertad de expresión que rompe toda la estructura jurídica. Rompe con la historia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rompe un esquema que habla del respeto a rajatabla que se tiene sobre la libertad de expresión”. La que habla es la abogada y exministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, que desde el 10 de febrero ejerce la defensa de Morandini junto al abogado Marcos Aldazábal.
Esto no quiere decir que no sea posible cometer un delito a través de un tuit. Claro que uno podría amenazar, incitar al odio o a la violencia, en cuyo caso el panorama sería distinto. Ahora bien, según Gómez Alcorta, “para un chimento en potencial (‘parece que es…’), por más que pueda ser de mal gusto, no está el derecho penal a una denuncia. Sumado a esto, en nuestra historia de la Argentina aquellas publicaciones vinculadas al humor tienen otros estándares. Y sobre todas las cosas, no son lo mismo las publicaciones sobre personas públicas, porque los estándares ahí se ven modificados”.
En nuestro país, la libertad de expresión siempre fue considerada un baluarte democrático. Este principio se refuerza aún más al observar la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000), que establece en su primer artículo: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Además, es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
Por este motivo la abogada considera que “la intervención judicial es un mamarracho. Un mamarracho grave que tiene detenidos desde hace más de 50 días a Nahuel y a Roque”. Y añade en diálogo con este medio: “No creo que haya antecedentes como éste en la vida democrática. Esto es inédito. En estas condiciones, con el estándar que están aplicando, todos estaríamos presos en Jujuy”.
Más allá de sus abogados, en defensa del derecho a la libertad de expresión de Morandini y Villegas asumieron varios de los organismos de Derechos Humanos más importantes de la región: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional Sección Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Pero estamos en jujuylandia
El caso de los presos por tuitear no podría analizarse como una anomalía si se tiene en cuenta el contexto social y político que atravesó a Jujuy todo el año pasado, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional. A pesar de la gravedad de la situación, muchas personas dicen “no sorprenderse” ante la compleja vulneración de los Derechos Humanos en la provincia. El propio Roque Villegas había consignado en una carta que escribió tras las rejas: “La detención no tiene fundamento, pero sí nombre y apellido, un apellido que sigue manejando la política y la provincia a su manera; es lamentable y vergonzoso que pese a un cambio de gobierno, todo sigue siendo lo mismo de antes. Es difícil esta situación, pero estamos en jujuylandia, donde mickey no es un ratón sino un gato”.
En la misma línea, el abogado del CELS Pablo Lachener, expresó en una conferencia de prensa encabezada por los familiares de los presos por tuitear que la situación había iniciado con la detención arbitraria de Milagros Sala. “Se inició con la persecución al disidente político, se siguió con la persecución a la protesta social y se termina persiguiendo a los que hacen un chiste”, manifestó. En este sentido, coincidió en que la situación “sólo puede explicarse mediante la utilización del aparato estatal de Jujuy, en particular del Poder Judicial en la persecución de disidentes, de callar voces opositoras”.
Por su parte, el diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, advirtió a Diario con Vos que allí “no se puede hablar de un Poder Judicial independiente” ya que históricamente “ha sido un brazo ejecutor de las políticas de Morales contra los opositores y la protesta”. Y agregó: “Si esto está pasando por un tuit, el día de mañana podés ir preso por cualquier opinión crítica o política que se pueda hacer por las redes. El caso no es una singularidad, sino que es la escalada de un régimen que en su momento era casi un laboratorio de la criminalización a opositores”.
En paralelo, el actual gobernador jujeño Carlos Sadir se desligó del tema al afirmar que "la detención de 2 personas por tuitear depende de la Justicia” y que no tiene “la más mínima participación". En tanto, agregó en diálogo con Radio con Vos: "Quiero dejar claro que no es verdad que cualquiera que tuitee algo puede ir preso. No hay persecución, no perseguimos a nadie".
