Durante la sesión por la Ley Ómnibus denunciaron que hay dos hombres en Jujuy que fueron apresados por "twittear" contra el exgobernador Gerardo Morales.
Se trata del docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador Roque Villegas, acusados desde el 4 de enero por los delitos de "supresión de la identidad" y "violencia psicológica en el contexto de violencia de género" tras haber publicado mensajes en sus redes sociales contra Morales, su esposa, Tulia Sponek y la hija menor de edad que tienen entre los dos. Ambos esperan el juicio oral.
Morales y Snopek pidieron al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy que se encargue "del avocamiento, investigación y eventuales imputaciones penales que pudieran corresponder en contra de quien o quienes fueran los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera". La denuncia fue realizada por Sponek y la causa está a cargo del fiscal Walter Rondón.
La imputación llegó después de que los acusados pusieran en tela de juicio la primogenitura de la hija de ambos. En este sentido, el juez Pablo Pullen Llermanos sostuvo que "si uno efectúa la viralización y se pone en tela de juicio la filiación de una menor se comete el delito (previsto en el artículo) 239 inciso primero del Código Penal", en conferencia de prensa. El fiscal, además, aseguró que el Ministerio accionó en favor de la niña "no por un nombre y apellido, sino protección de un niño".
Durante la sesión maratónica en Congreso de la Ley Ómnibus, el diputado Alejandro Vilca, del FIT, se pronunció pidiendo su libertad y expresó: "Quería pedir la libertad de Nahuel y Roque, presos por twittear en la provincia de Jujuy y repudiar al régimen policíaco que tiene la provincia".
Nahuel Morandi, el docente detenido, escribió una carta privado de su libertad en la que explicaba los hechos: "El 4 de enero fui citado a presentarme en la Brigada de Delitos Complejos y desde ese momento perdí mi libertad, pese que a todo momento mostré voluntad para que se investigue. El juez a solicitud de la fiscalía, dispuso la prisión preventiva por 60 días, tiempo en el cual la justicia recibirá pruebas. Pese a que ellos secuestraron mi celular, y que les brinde el código para el desbloqueo, me consideraron un peligro y me encarcelaron".
Además, calificó el proceso penal como un "tormento psicológico" y criticó el gobierno de Morales, que comenzó en 2015: "Desde fines del 2015, somos testigos, o mejor dicho, presas del avance y profundización de la derecha reaccionaria. Localmente asistimos a un despliegue de medidas que concentraron el poder, y que hoy -más allá del cambio de gestión a fines del 2023- tiene una clara continuidad. Luego de casi 8 años de instaurado este régimen represivo, el pueblo volvió a las calles. Allí confluyeron reclamos salariales de los trabajadores estatales junto al legítimo reclamo de las comunidades indígenas campesinas, organizaciones de desocupados, sociales y políticas que se movilizaron en oposición a la reforma constitucional. La unidad marchó bajo la consigna, Arriba los salarios, abajo la reforma", indicó.
