Cuando comenzaba la noche del jueves, en medio de disturbios en las afueras del Congreso, el oficialismo bajó al recinto una nueva contrapropuesta con modificaciones al texto original buscando destrabar los votos que necesita para los artículos más conflictivos y, para el gobierno, fundamentales, como las privatizaciones y las facultades delegadas.
Ahora, el gobierno nacional redujo de 36 a 27 las empresas que se podrían privatizar totalmente, dejando a tres, el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica, para ser privatizadas parcialmente. Con estos cambios, más una reducción en las facultades delegadas, se aflojó un poco la situación entre el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y el gobierno nacional.
En el texto original, el gobierno proponía la privatización total de 41 empresas públicas. A medida que avanzaron las negociaciones, ese número se redujo, y se excluyó a YPF del listado. Ahora, en el listado están la Administración General de Puertos, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Energía Argentina, Intercargo, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes, Talleres Navales Dársena Norte, Nación Bursátil, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro y Nación Servicios.
En el segundo anexo de privatización están Télam, Educ.ar, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. En el tercer anexo referido a privatizaciones están Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística, Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario y Corredores Viales.
Además, el gobierno eliminó la declaración de emergencia en materia fiscal, dejando las emergencias económica, financiera, provisional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa, buscando que la oposición le otorgue estos poderes especiales.
