El gobierno va a recibir a dirigentes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que representa a chofes de colectivos y empresarios de transporte para "escuchar sus necesidades". Sin embargo, mantiene su postura de "paritarias libres" después de que la UTA pidiera una audiencia con Luis Caputo para resolver algunas demandas, entre las que se encuentra el salario. La orden de recibirlos bajó desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría de Transporte.
En esa línea, desde el Ministerio a cargo de Caputo informaron que "la Secretaría de Transporte de la Nación" tiene instrucciones de "recibir a los dirigentes gremiales" de los choferes de colectivos y los empresarios para "escuchar sus necesidades, garantizando la plena independencia de las negociaciones desarrolladas" entre la UTA y las empresas.
Por su parte, Roberto Fernández, titular de la UTA, le envió una nota a Luis Caputo. En el texto, aclara: "El transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte".
Además, agrega que, en su caso particular, "se debió aplicar la clausula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del primero de enero del presente año" y dijo que "el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión" y que "la situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura, el exministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaria de Transporte, pero nada sucedió; por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo".
Más adelante, le advirtió al ministro de Economía que "hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediable sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo el riesgo la paz social".
Para cerrar, y antes de pedirle una audiencia formal con el propio Caputo o "con quien designe con la suficiente capacidad de decisión" para resolver estos problemas, Fernández le expresó su voluntad de "ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas Concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la comunidad en su conjunto".
A pesar del pedido del titular de la UTA, desde la cartera económica anunciaron que no va a haber "ninguna autoridad en la mesa de diálogo, ya que no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo".
