El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el megadecreto del presidente Javier Milei. "Se ha pedido el dictado de una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa", expresó.
"En el día de la fecha instruí a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del Decreto por razones de Necesidad y Urgencia N°70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)", aseguró el mandatario provincial.
A través de una publicación en X, detalló: "Asimismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del Decreto N°70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa". "Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra República, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales", argumentó Quintela.
"Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del Estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia", concluyó su mensaje el gobernador de La Rioja. Cabe destacar que la competencia del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte de una provincia que demanda al Gobierno nacional.
Desde las 0 horas de hoy empezó a regir del DNU de Javier Milei que desregula la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes. El megadecreto entró en marcha sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares de suspensión de su aplicación, en el marco de 30 amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
