Entre la enorme serie de cambios que plantea la Ley Ómnibus que Milei envió al Congreso, está la creación de un Fondo de Reconversión Laboral con el que se busca modificar la Ley de Empleo Público y así poder echar trabajadores del Estado.

Con esta iniciativa, el Gobierno estaría habilitado a despedir a empleados públicos cuyos cargos se hayan suprimido por desmantelarse el ente estatal para el que trabajaban y no hayan encontrado una nuevo trabajo en el lapso de un año.

Lo cierto es que el Gobierno ya emitió un decreto que impide la renovación de contratos en el Estado de los trabajadores empleados hace menos de un año. De esta manera, el decreto habilita el despido de 7000 empleados.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene planeado reorganizar la administración pública nacional con la consiguiente disolución total o parcial de diversos organismos públicos. Para ello, necesitará que se apruebe otra normativa clave del proyecto ómnibus, que lo habilite a "intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales".

En total, se trata de 76 organismos descentralizados que cuentan con 150 mil empleados del sector público nacional. De esta forma, desde el Ejecutivo tienen tela para cortar y habrá ola de despidos. La idea es que los cargos de los agentes que ingresen al Fondo de Reconversión Laboral se eliminen de manera definitiva, por lo que incluso podrán despedir a empleados de planta permanente en el Estado.

Fondo de Reconversión Laboral

De acuerdo con la letra de la ley, el fondo tendrá como fin "capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos, en función de las medidas establecidas en los artículos precedentes".

Al mismo tiempo se creará un régimen de promoción para reinserción laboral privada de los empleados públicos "en disponibilidad, permitiendo así la exención de cargas sociales por un tiempo acotado". El empleado del sector público se mantendrá en situación de disponibilidad por el período máximo de un año.

Durante ese plazo, los empleados en disponibilidad recibirán una remuneración por parte del fondo, en función de su antigüedad y otras condiciones que determine el Ejecutivo con la reglamentación de la norma. Mientras tanto, los empleados en disponibilidad tendrán la obligación de recibir capacitación y desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Según explica el papel de la normativa: "Cumplido el período indicado de doce (12) meses, los agentes que no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses".

Para el cálculo de la indemnización se tomará como base la mejor remuneración mensual percibida durante el último año, o por el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor; salvo que por convenio laboral les corresponda una indemnización especial prevista por dicha vía.

Organismos públicos que el Gobierno tendría en la mira

De aprobarse los cambios, el Gobierno podrá intervenir o eliminar, por ejemplo, la AFIP, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la ANSES, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Hospital Posadas, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la de Servicios de Salud, la AFI, la UIF, el CONICET, el INTA o el INTI.