El Gobierno decretó que el país se encuentra en estado de emergencia energética “hasta el 31 de diciembre de 2024” con el objetivo de comenzar con el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.

A través del Decreto 55/2023, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, “para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

(Se implemetará un programa) con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión

La medida abarca “a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

Tras dar por iniciada la revisión tarifaria, el Gobierno de Milei estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

A su vez, se dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024, y hasta la designación de los miembros del Directorio.

Mientras 180 mil usuarios de Edesur y Edenor se encuentran sin servicio por los cortes producidos a raíz de la tormenta del domingo, el decreto señala que los servicios exhiben una situación de “obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras”, su “insuficiente adecuación” y “falta de renovación de las redes y su ampliación”.

“Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, planteó la Secretaría de Energía, que a su vez advirtió que “de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”.