El anuncio del protocolo de orden público antipiquetes lanzado ayer por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está dando de qué hablar. Una serie de tweets del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, advirtieron que "la regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso".
En diálogo con Reynaldo Sietecase en La Inmensa Minoría, el abogado señaló que el primer gran problema del protocolo es la existencia de una inconstitucionalidad formal: "El órgano habilitado por la Constitución para debatir los límites a la protesta pacífica -que es un derecho- es el Congreso, no una ministra que dice que tiene competencias para dictar resoluciones administrativas para organizar el funcionamiento de sus ministerios".
En segundo lugar, manifestó que el anuncio trata a la protesta pacífica como si no fuera un derecho y la emparenta con la protesta violenta (la cual está penalizada por el Código Penal).
El protocolo de Bullrich contempla la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales.
Asimismo, Domínguez explicó que "en los tratados de Derechos Humanos de nuestra Constitución está contemplada la protesta pacífica como una vía para ejercer otros derechos", tales como la libertad de expresión y de participación democrática, que deben ser garantizados por el Estado.
"No se puede prohibir y penalizar la protesta pacífica", apuntó el abogado y señaló que el protocolo además permite que las fuerzas de seguridad filmen o identifiquen mediante mecanismos de inteligencia a los autores de la protesta pacífica, lo cual está prohibido.
Entre el resto de los constitucionalistas, afirmó que "hay opiniones divididas y una gran doble vara". En este sentido, recordó cuando en 2020, en contra de la cuarentena provocada por el Coronavirus, Bullrich había incitado a la gente a marchar y a concentrarse en contra del resguardo sanitario. "Hoy están avalando que otras personas de otras clases sociales no puedan hacer lo que ellos hicieron durante la pandemia", denunció el abogado.
"En los tratados de Derechos Humanos de nuestra Constitución está contemplada la protesta pacífica como una vía para ejercer otros derechos"
Sobre una posible solución a esta situación Domínguez apeló a la regulación sin que esto implique la negación del derecho a la protesta pacífica: "La colisión de estos dos derechos no va a poder resolverse por una vía razonable si no es a través de una ley del Congreso que convierta esto en una política pública con alto consenso de todas las fuerzas de representación popular", finalizó.
