Javier Milei se expresó esta mañana sobre los dichos de su asesora en asuntos internacionales sobre las Islas Malvinas y recalcó que defiende la soberanía argentina sobre las mismas, pero que “no podemos desconocer la posición de aquellos que viven” allí.

“Nosotros decimos que las Islas Malvinas son argentinas y queremos llegar a un acuerdo con Inglaterra para que vuelvan al país, pero no podemos desconocer la posición de aquellos que viven en las islas”, explicó Milei en diálogo con Radio Continental. Las declaraciones del candidato a presidente se producen luego de que su asesora dijera que “los derechos de los isleños deben ser respetados” en una entrevista que le concedió al medio británico The Thelegraph.

“Digamos, la soberanía no se renuncia”, aseguró el candidato liberal esta mañana, pero añadió que “también es cierto que hubo una guerra en la cual nosotros perdimos”. Y continuó: “Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las Islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong”.

También es cierto que hubo una guerra en la cual nosotros perdimos.

Sin embargo, sostuvo que en el marco de ese acuerdo con Inglaterra “no se puede desconocer la posición de aquellas personas que viven en las Islas”. En este sentido, subrayó también que no se puede “negar la existencia de la realidad” y que con su postura "de ninguna manera se está entregando la soberanía".

Además, remarcó que desde su espacio persiguen una solución “pacífica” y que no quieren salidas bélicas al conflicto.

Qué dicen la ONU y la Constitución sobre Malvinas

La posición de Javier Milei desentona en algunos puntos no sólo con la del gobierno actual sino también con la postura expresada en la Constitución y en el ámbito de la ONU. En primer lugar, más allá de haber ocurrido una guerra “que nosotros perdimos”, como dijo el candidato en referencia a los episodios de 1982, se tiene en cuenta que la historia comenzó un siglo y medio atrás con una ocupación ilegal.

El sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores rastrea el origen del conflicto hacia “el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental”.

A diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación.

Y, en lo referido a “la posición de las personas que viven en las Islas”, se lee que “la Cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos”.

Tales afirmaciones se desprenden de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que indica que sí deben tenerse en cuenta “los intereses de los habitantes de las islas” pero “no sus deseos”, dado que por tratarse de una disputa en la que está involucrada la cuestión de la soberanía no aplica el concepto de libre determinación.

Por su parte, la Constitución considera a las Islas parte del territorio nacional y expresa: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”