La Corte Suprema de Justicia le pidió al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que se estableció en mayo. Los cuatro jueces del máximo tribunal plantearon que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.

El oficio firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue enviado ayer al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, el mismo día que la Corte Suprema ordenó que Ana María Figueroa deje de ser jueza de la Cámara Federal de Casación Penal por haber cumplido 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para continuar en el cargo.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de reiterar el pedido formulado en la nota del pasado 29 de agosto mediante la cual se le solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 1° de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación como parte de la política salarial del corriente año”, señala el escrito.

La falta de respuestas hizo que el gremio de empleados judiciales tome medidas, y ayer realizó un paro de 24 horas y mañana repetirá la medida si el aumento no se paga. La decisión del gremio es “ante el retraso de la Jefatura de Gabinete que demora lo acordado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional para el tercer tramo de recomposición salarial 2023″.

La Corte resaltó que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.

No es la primera vez en el año que hay disputas entre la Corte y el gobierno por los fondos para el pago de aumentos. Lo mismo ocurrió en mayo para los incrementos de los primeros meses del año, y en ese entonces Rossi rechazó el pedido alegando que la coyuntura económica producto de la sequía requería que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos. En el caso de de la Corte, con los 151.711 millones de pesos que tiene en cuentas bancarias y plazos fijos.