En el día de ayer, desde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se anunció las paritarias para el trabajador agrario, que implica, según Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), "un 157% de aumento anual y, sobre ese aumento, otro de 25% para el próximo trimestre, con revisión en octubre".
Desde CRA consideran que esta recomposición salarial "está muy por encima del 115% interanual de inflación declarado por el gobierno".
"El 20% adicional en la Patagonia agrega una presión especial en la región, en un contexto de brecha cambiaria creciente, disparada de los tipos de cambio alternativos, suba de costos y problemas productivos", aseguraron desde la entidad.
Pero la bronca más grande de los directivos de CRA, además del acuerdo salarial, es que la resolución "fue impuesta entre la UATRE y el Gobierno Nacional", pese a la oposición de las entidades que representan al sector patronal del campo".
Las paritarias y el bono de la bronca
Para CRA, el hecho de que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario esté integrada no sólo por los privados (representando a empleados y empleadores), sino también por el sector público (Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Trabajo), "da cuenta que, desde el gobierno nacional, reconocen la existencia de un descontrol inflacionario".
"No existió consenso ni acuerdo como se publicó por parte de la UATRE. La CNTA se caracteriza por ser otro ejemplo de falta de consensos", señalaron los ruralistas agrupados en CRA.
Y finalizaron: "Únicamente requieren su participación para legitimar una exacción permanente al campo que termina pagando los platos rotos por esta política económica que ha llevado al país a la decadencia, al estancamiento de la producción, a la imposibilidad de aumentar el empleo privado formal y al aumento estructural de la pobreza".
Esta disputa entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la CNTA y las entidades que representan a los patrones (CRA, SRA, FAA y Coninagro) no es nueva, sino que es un capítulo más de los tantos desacuerdos que existen.
En diciembre del año pasado la CNTA había resuelto un bono de fin de año de $26.000 para los trabajadores rurales, que se adicionada al ya establecido por el Gobierno Nacional de $24.000, es decir, los empleados deberían pagar un bono de $50.000.
Frente a esta situación las entidades rurales levantaron el grito en el cielo y fueron a la Justicia, donde finalmente en marzo de este año se falló a favor de la patronal y el bono extra de fin de año que había aprobado la CNTA quedó sin efecto.
