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Política

El gobierno de la Ciudad volvió a reclamar ante la Corte Suprema por la coparticipación federal

Larreta mira serio

El Gobierno porteño hizo una vez más una presentación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalando el incumplimiento por parte del gobierno nacional del fallo cautelar que ordena la restitución de fondos por coparticipación federal de impuestos a la Ciudad.

El conflicto por los fondos coparticipables comenzó durante el 2020, cuando en medio de una protesta de la policía bonaerense, el gobierno de Alberto Fernández decidió por decreto reducir de 3,5% a 2,3% los fondos que percibía la Ciudad y transferírselos a la Provincia para que otorgara un aumento salarial a la fuerzas de seguridad; medida que luego se ratificó mediante ley.

Dichos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Macri con la creación de la Policía de la Ciudad. Tras la decisión de Nación, Larreta decidió acudir a la Corte para que revisara la medida y en diciembre del 2022 el máximo tribunal dictó una cautelar para que se le entregara a la Ciudad el 2,95 de los fondos.

En ese marco, el procurador general porteño, Gabriel Astarola, señaló en la presentación ante la Corte que existe una deuda acumulada en favor de la Ciudad. "Las transferencias efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han continuado siendo por un monto en pesos equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la ley 23.548. y no el 2,95% dispuesto en la sentencia", afirmó en el comunicado.

De esta forma, el gobierno de la Ciudad sostiene que la deuda total desde que se dictó la cautelar asciende a los $4.226.870.967, 97. De todas maneras, al ser el fallo de la Corte sólo una medida cautelar, no resuelve la cuestión de fondo. Es probablemente por ello que el gobierno nacional no esté girando los fondos tal como exige la resolución porque espera que el conflicto tome otros cauces.

De hecho, en la comisión de juicio político a los supremos que conduce el oficialismo en el Congreso, se busca probar, entre otras cosas, que existió tráfico de influencias entre el gobierno de la Ciudad y el titular de la Corte, Eduardo Rosatti, para que saliera la cautelar. La principal prueba que maneja la comisiónson los chats filtrados entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro.

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