Este viernes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto de la reforma constitucional en Jujuy ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito fue elaborado por instrucción de Alberto Fernández.
El gobierno presentó un escrito ante la Corte Suprema pidiendo que declare la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que se aprobó recientemente en Jujuy, desatando una larga serie de protestas y un alto nivel de represión policial. La acción declarativa se realizó en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial y apunta a que la nueva carta magna jujeña viola la Constitución Nacional y una serie de tratados internacionales.
Según la presentación hecha por el gobierno, la Constitución impulsada por Gerardo Morales "vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT".
De la elaboración del texto participaron los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Asimismo, se tomaron los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En un comunicado al respecto, el gobierno sostuvo que el escrito plantea la "gravedad institucional" generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy y señaló que la propia CIDH instó al Estado argentino, el 20 de junio pasado, a "respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social". Además, el comunicado oficial citó declaraciones similares del Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH).
El pedido de inconstitucionalidad apunta especialmente contra "la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña”, la cual “contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” limitando los derechos de reunión, protesta y huelga consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En términos similares, señala que los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña también son inconstitucionales, dado que "se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa".
Dicho esto, el comunicado sostiene que "los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas".
En este contexto, el gobierno reconoció que "el Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes".
Con información de Télam.
