Procesaron a cinco personas que se hacían pasar por hijos de desaparecidos para estafar al Estado

Procesaron a 5 personas sospechadas de formar parte de una organización dedicada a falsificar pruebas de juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes que tienen que ver con leyes reparatorias. Uno de ellos se hacía pasar por hijo de desaparecidos para cobrar un dinero del Estado, destinado a las víctimas y familiares de la dictadura.

Adrián Martínez Moreira es el principal apuntado como líder de esta organización, por lo que fue procesado además de por otros delitos como falso testimonio, fraude a la administración pública y estafa. También está acusado de hacerse pasar por el hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos en los 70. Entre otras identidades, también fingía ser un gestor de trámites administrativos ligados a las políticas de reparación que brinda el Estado.

El juzgado federal 5, encabezado por la jueza María Eugenia Capuchetti, ordenó el procesamiento de otras 4 personas sospechadas de participar en la banda: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

La investigación abarca varios hechos criminales llevados a cabo por esta asociación ilícita relacionados a estafar al Estado mediante sustitución de identidad. Los integrantes de la misma se presentaban en distintas causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad mediante denuncias y pruebas falsas.

En la causa, la Secretaría de Derechos Humanos actúa como querellante. De esta forma, puede impulsar e el proceso penal en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En un comunicado, explicaron que el expediente "se presentó en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación del Estado”.

En ese marco, agrega: "De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”.