El juez federal con competencia electoral de Mendoza Walter Ricardo Bento fue suspendido hoy en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” de su cargo.

La decisión fue tomada hoy por unanimidad durante un plenario del Consejo presidido por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

Bento es investigado en la justicia penal como líder de una asociación ilícita.

Hace dos semanas la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó, con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso del Consejo, el juez Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios.

El descargo

El juez mendocino ofreció su descargo en octubre del año pasado en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser "inocente" y no haber cometido "ningún delito".

Sus explicaciones no convencieron a los consejeros que aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por "inconsistencias" en el dictamen.

"Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones", señaló el consejero diputado Rodolfo Tailhade, en una publicación en su plataforma de videos.

"El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos" explicó el consejero y añadió que era "un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento".

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.