La Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento del supermercadista Alfredo Coto y su hijo Germán, y ordenó que se analice nuevamente su situación en la causa por el hallazgo de un arsenal en el sótano de uno de sus comercios. Allí se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos. Parte del material era de la Policía Federal Argentina Guardia de Infantería y otras de uso de Prefectura Naval.

La decisión por la causa, que ocurrió en un depósito de un supermercado Coto en Paysandú al 1800 en CABA, en septiembre de 2016, la tomó la sala IV del máximo tribunal federal del país. Este determinó que hubo un análisis parcial de los hechos por parte de la justicia en primera instancia y de la Cámara Federal porteña, donde se confirmaron los sobreseimientos. Casación permitió parcialmente una apelación de la fiscalía y dispuso anular la resolución impugnada en torno al dictado de sobreseimiento de los imputados. Estos son Alfredo y Germán Coto, Cristian Javier Oscar González y Estelita Eufrasia Herrera.

Casación

Asimismo, Casación también dispuso reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento en base a los lineamientos que se dieron en su sentencia. En un principio los empresarios habían sido sobreseídos, ya que se entendía que no podía estar al tanto de todo lo que pasaba en las sucursales, en base a la gran magnitud de la empresa y la diversa cantidad de locales. 

Sin embargo, Casación entendió ahora que se incurrió en un “análisis fragmentado de la prueba obrante de la causa” al hacer lugar al recurso que presentaron en primera instancia Paloma Ochoa, la fiscal del caso; y Ángel Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara. Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos cuestionaron en 77 carillas la fundamentación de las decisiones que sobreseyeron a los imputados. También entendieron que debería avanzarse hacia la etapa de juicio oral.

Qué sostuvo la sentencia sobre Coto

La sentencia sostuvo lo siguiente: “Con relación a la situación de Alfredo Coto y Germán Coto, asiste razón al recurrente en torno a la fragmentada valoración probatoria efectuada". El juez Gustavo Hornos afirmó que las evidencias permiten alcanzar el umbral probatorio suficiente como para poder avanzar con el proceso penal en contra de los nombrados anteriormente. 

Una de las evidencias es que se destaca que tanto Alfredo como Germán Coto eran responsables del usuario colectivo “Coto CICSA” ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), por lo cual genera como toda suscripción de este carácter frente a la institución que controla el flujo de armas y otros elementos peligrosos para la seguridad común, obligaciones respecto a los materiales bajo su esfera de custodia.

A su vez, el juez dijo que además del numeroso cúmulo de armas y otros efectos explosivos, se secuestraron dos armas a título personal de los nombrados. “Estimo que existen evidencias suficientes como para que el caso avance, y será la etapa de juicio oral la indicada para zanjar su posible responsabilidad penal con relación a los hechos investigados”, sentenció Hornos.

Según analizó Casación, los Coto asumieron obligaciones personalmente ante la ANMaC. Además, las pruebas demostrarían que ambos conocían y ejercían dominio y poder de decisión sobre el material prohibido secuestrado. Mariano Borinsky agregó: "Cabe concluir que tanto la resolución recurrida como la de primera instancia que fue confirmada por ella, sostienen de manera prematura y sin fundamentos suficientes la desvinculación definitiva del proceso, ante lo cual no puede ser considerada como un acto jurisdiccional válido”.

González y Herrera, los otros imputados en la causa

En cuanto a los otros dos imputados, por el lado de González él era responsable de armería de la Agrupación Albatros de Prefectura Naval en la cual estaban originalmente los 499 cartuchos que encontraron en el depósito de Coto. Mientras que Herrera, titular del Departamento de Armas y Protección Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tenía bajo la órbita de su competencia el cuidado y resguardo del material destinado al uso exclusivo de la fuerza de seguridad, que posteriormente encontraron.