La discusión sobre la Ley de Alquileres cobró un nuevo impulso en la esfera pública desde que Alberto Fernández y Sergio Massa volvieron a mencionar la posibilidad de modificarla o incluso eliminarla. Aunque la norma establece un marco regulatorio, la especulación inmobiliaria pudo más y los precios no pararon de subir desde su sanción en 2020.
La Ley de Alquileres fue aprobada por el Frente de Todos en acuerdo con Juntos por el Cambio en julio de 2020, e implementó principalmente la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los precios tomando como parámetro el Índice de Contratos de Locación (ICL). Este índice se calcula teniendo en cuenta la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (RIPTE) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Criticada por los propietarios y sancionada supuestamente para alivianar algo la carga de los precios y la incertidumbre a los inquilinos, la ley no alcanzó para impedir el monstruoso aumento del alquiler ocurrido en los últimos tres años. Al día de hoy, el valor inicial aumentó por encima de la inflación y los precios medios superan el salario mínimo.
Cuánto aumentaron los alquileres desde julio de 2020
Desde julio del 2020, la inflación acumulada fue del 290% y el ICL se aceleró por detrás, en un 245%. Aún así, un informe del portal Zonaprop reveló que desde la sanción de la Ley el precio de los alquileres en los avisos publicados subió en un 375%.
Solo en lo que va del 2023, los nuevos contratos acumulan un aumento del 25,7%, por encima de la inflación, que es del 20,2%, y del ICL, que aumentó en un 16,9%. Asimismo, la variación registrada en el último año fue del 118,6%, la más alta desde 2012.
La discusión sobre la Ley
En este marco, el presidente y el ministro de Economía llegaron incluso a hablar sobre "volar" la Ley, aunque existen en el Congreso dos propuestas menos drásticas para modificar la norma. La primera, del Frente de Todos, propone mantener sus puntos centrales y añadir un incentivo fiscal para aumentar la oferta, mientras que la segunda, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, plantea bajar de tres a dos años los contratos y aumentar la frecuencia de las actualizaciones haciéndolas cada seis meses en lugar de una vez por año.
Desde Inquilinos Agrupados advierten que suspender la ley empeoraría la situación, en línea con la posición que sostiene que el problema es la falta de control por parte del Estado y que en todo caso hacen falta mayores regulaciones. "Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres”, aseguró el titular de la agrupación, Gervasio Muñoz, en diálogo con Página 12. Además, aseguró que "cada discusión de este tipo debilita aún más el cumplimiento de la ley".
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