Declaró Cintia López, la madre de Lucas González, el chico de 17 años asesinado por la policía cuando salía de entrenar del club Barracas Central en noviembre de 2021. En un testimonio de alrededor de 40 minutos dijo que su hijo “estaba irreconocible” cuando lo vio en el hospital y que, durante su internación, lo custodiaban cinco policías “como si fuera un delincuente”. Además, el imputado Daniel Espinosa aseguró no haber visto "ningún tipo de arma" en manos de los jóvenes.
Acompañada en todo momento por una psicóloga, Cintia recordó el día que mataron a su hijo y puntualmente cuando llegó al Hospital Penna, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde ingresó con un balazo en la cabeza y custodia policial. “Siempre estuvo como un delincuente, nunca dejó de tener custodia, ni dentro de la sala ni fuera. Cuando quería verlo tenía que haber un Policía de la Ciudad”, dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25.
“Cuando llegué, no me dejaban verlo. Un policía de la Ciudad nos dijo que no sabía nada. ´Viste que los chicos de ahora no le dicen nada a los padres y andan en cosas raras´, nos dijo otro policía; pero yo sé lo que crie, mi hijo era incapaz”, continuó relatando. Además, asegura que le dijeron que Lucas estaba detenido acusado de robo.
Frente a unos 15 familiares que la acompañaron y a los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados -tres por el crimen de Lucas y once por el encubrimiento del hecho-, la mujer contó entre llantos: "Tuve que destapar a mi hijo y verle los tatuajes porque estaba irreconocible, le tiraron en la cabeza".
El día de la tragedia, Lucas salía de entrenar con tres amigos en un auto cuando efectivos de la policía los encerró y les disparó. El joven falleció y sus amigos declaran haber sido torturados por las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar. El juicio se está llevando a cabo y tiene 14 efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del crimen y posterior encubrimiento.
Otros testimonios
Tras la declaración de Cintia, era el turno de Mario "Peca" González, padre de Lucas, uno de los testigos propuestos por la querella y la fiscalía para el debate oral.
Antes del ingreso de la madre a la sala de audiencias, declaró como imputado el oficial Daniel Rubén Espinosa, uno de los 11 detenidos, acusado de encubrimiento. Espinosa aseguró que no vio "ningún tipo de arma" en poder de los jóvenes, ya que solo los vio "a distancia".
El oficial se refirió así al arma que, de acuerdo a la pesquisa, fue "plantada" por efectivos de la fuerza porteña en el auto en el que iban Lucas y sus amigos con el fin de hacerlos pasar por delincuentes.
También para la audiencia de hoy, se prevé que declaren los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban al salir del club fue atacado a tiros por la policía de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad a las 9.45 del 17 de noviembre de 2021, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el barrio de Barracas.
Se trata de Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, quienes además de testigos del crimen de Lucas, fueron víctimas de torturas policiales en el mismo hecho.
Las acusaciones
Por el crimen del joven futbolista se encuentran detenidos y sometidos a juicio desde el 16 de marzo el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), además acusados de torturar a los otros tres chicos, a quienes amenazaron, les dijeron "villeros" y "negritos" y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba.
Los acusados afrontan cargos de "homicidio agravado por alevosía, placer y odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".
En la primera jornada del debate, al declarar como imputados, los tres aseguraron que actuaron "en legítima defensa" y "en cumplimientos del deber", por lo que “no cometieron ningún delito".
En tanto, los otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas "plantar" un arma en el auto de las víctimas- están acusados de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".
Además, en el caso de dos de ellos también por "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".
