El Programa Acompañar, lanzado en 2020 e implementado en 2021, es una de las medidas centrales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para luchar contra la violencia sexista. Sin embargo, el programa – que fue públicamente elogiado por Alberto Fernandez en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación- presenta varios déficits. Así lo señaló en un informe la ONG feminista Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que investigó cómo funcionan realmente varios de los programas destinados a enfrentar la violencia de género. “Se llama Acompañar pero nadie te acompaña”, resume una de las beneficiarias. Aquí, luces y sombras de una iniciativa que todavía no alcanza.

A mi me re sirvió

Un lugar, el que fuere. Eso necesitaba Luján hace un año, cuando una de las clásicas trifulcas que tenía con su padre por su orientación sexual casi termina a los golpes. “Ahí me di cuenta de que me tenía que ir, sí o sí. Porque capaz esa vez no, pero yo sabía que alguna otra seguro mi viejo me iba a terminar fajando. O yo a él”, explica, como quien describe algo que le pasó a otro.

Ella dice que eso pudo “verlo en terapia”. Luján -23 años, media cabeza rapada, una bravura ligeramente sobreactuada para que no se le note tanto el miedo- es estudiante universitaria y no coincide ni por asomo con lo que el imaginario colectivo entiende por “beneficiaria de un programa social”. Tal vez porque Luján no es pobre de toda pobreza, no vive en un barrio remoto ni tampoco es mamá de muchos niños. Es, sí, víctima de violencia por razones de género, aún cuando el perpetrador sea su padre. Justamente por eso, reconoce, para ella el programa fue una verdadera sorpresa que todavía hoy agradece. “Fue como si, por primera vez, alguien hubiera decidido hacer algo con lo que me estaba pasando. El programa me ayudó, me ayudó mucho. Gracias a las chicas de Género del municipio, que me dijeron, me pude anotar y en sesenta días me mudé. A una piecita compartida, re precaria, pero en ese momento a mi me re sirvió”, cuenta.

En efecto, el programa Acompañar fue planteado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como la acción central del Plan Nacional contra las Violencias (PNA) y, de hecho, es el programa que insume casi la totalidad del presupuesto que asigna ese ministerio a la lucha contra las violencias. Y hay, precisamente en eso, un cambio radical en relación a lo que se venía haciendo. Dicho de otro modo, el presupuesto que antes se destinaba casi íntegramente a la construcción de refugios y casas de acogida –como si la única alternativa para una víctima de violencia fuera huir y esconderse- hoy se destina a subsidios que cada beneficiaria del Acompañar puede destinar a resolver sus necesidades más urgentes – comida, un colchón, una reja para guarecerse del violento de turno- o bien a iniciar algún pequeño emprendimiento. Las puertas de salida suelen tener mil formas.

Conocer para mejorar

Pero, y después de todo, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber a qué destina cada persona esa prestación económica, hasta qué punto la ayuda a romper el círculo de la violencia? Más aun: ¿cómo saber si todo ese esfuerzo estatal está efectivamente cumpliendo con los objetivos que se fijó? Precisamente por eso, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó un informe diagnóstico sobre estos programas y conversó con mujeres como Luján. También con funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y todos los involucrados y las involucradas en la gestión de estos mal llamados “planes”. Para eso contó con el apoyo de la Unión Europea y, a fines de 2022, produjo un estudio llamado "Es Por Aca. Construyendo políticas contra las violencias en el territorio". Y este trabajo tiene, como uno de sus principales logros, recoger las voces de las beneficiarias, beneficiarios y beneficiaries de estos programas. Porque – y aquí hay también un giro, un cambio central- ya no sólo las mujeres cis pueden acceder a un programa como el Acompañar sino también las mujeres en toda su diversidad, junto con los hombres víctimas de violencia de género.

Según la socióloga Agustina Rossi, del área de Politicas de ELA y coordinadora de esta investigación, “la evaluación del impacto es fundamental porque es lo que nos permite saber si las acciones que estamos desarrollando tienen el efecto esperado, cumplen con los objetivos que nos habíamos propuesto. En este caso, la pregunta sería: estos programas ¿están ayudando realmente a que las mujeres construyan autonomía económica? ¿A que puedan acceder a una justicia que las escuche y que les ofrezca medidas de protección y mecanismos de reparación? Esas son las preguntas con las que fuimos al campo. Y decidimos evaluar los programas Acompañar, Producir y Acercar Derechos porque son tres programas estratégicos que-con una mirada integral- apuntan a que las mujeres y las diversidades puedan construir una salida del círculo de las violencias a través del fortalecimiento de las autonomías. Entonces, esto nos parece que es una mirada muy positiva a la hora de abordar las violencias porque no ve a las mujeres como seres pasivos, que necesitan ser “protegidas” desde una mirada paternalista, sino que las acompaña en la construcción de herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones y desde allí construir una vida libre de violencias”.

Pero, al mismo tiempo, también señala que “es fundamental que podamos pensar las políticas públicas más allá de lo escrito en un papel, que nos preguntemos seriamente: ¿cómo se va a implementar esto en el territorio? ¿Quién lo lleva a cabo, con qué recursos? Especialmente porque en las entrevistas con los gobiernos locales quedo muy en claro que sin fortalecer los equipos de profesionales es imposible cubrir la enorme demanda que ya existía en el territorio y que se aumentó (llego a duplicarse, según nos contaron) con el lanzamiento de los nuevos programas, especialmente con el Acompañar”.

En este sentido, el informe permitió develar muchas cosas. Entre ellas, hasta qué punto la situación en la que se encuentre cada persona que acceda al programa –más o menos armada, más o menos sola, más o menos en riesgo- incide radicalmente en su experiencia en relación al Acompañar. En efecto, las mujeres que ya venían trabajando con los equipos municipales sus particulares situaciones de violencia pudieron aprovechar mucho mejor el impulso del Acompañar, que prevé la entrega de un subsidio mensual (equivalente a un salario mínimo) y durante seis meses. “Algunas chicas se pudieron comprar un hornito y se pusieron a hacer pan, y otra conocida se pudo poner a vender ropa. Pero para las que estábamos en cero, sin nada y recién viendo a dónde íbamos a parar las cosas fueron más complicadas. Yo, por ejemplo, no pude armar ningún emprendimiento. Y me hubiera gustado tener un trabajo”, dice Mariana, vecina de Moreno y beneficiaria del programa.

Shock de realidad

Que dure más. Que provea atención psicológica sostenida, “no solamente tres sesiones y chau”, como dice otra beneficiaria, de Neuquén. Y que la terapia sea extensiva a los hijos e hijas expuestos a las violencias y no como ahora, cuando no hay previsto ningún apoyo psicológico para ellos. Que- de alguna manera- cada persona que logró acceder al Acompañar (152.089 según el informe de ELA, hoy ya más de 270.000 según las cifras que citó el presidente) pueda, al cabo de esos seis meses de subsidio, emprender alguna actividad u otra forma de autoempleo que le permita sostener en el tiempo la autonomía alcanzada.

Estos son, apenas, algunos de los comentarios de quienes accedieron al Acompañar sobre lo que sienten que le falta al programa. Pero no sólo eso, porque otra de las quejas que se clona refiere a la falta de escucha y empatía de algunos de los equipos técnicos municipales encargados de gestionar el acceso. “Vos vas y preguntás por el subsidio y te contestan mal o te la complican para que no puedas acceder a plan. ¡Como si la plata fuera de ellos!”, protesta Diana, separada, madre de dos chicos en escuela primaria y beneficiaria primero del Acompañar y luego del Producir, otro de los programas analizados en el informe.

Para ella, quienes se encargan de hacer las entrevistas y la carga de datos deberían tener más que presente qué es lo que hace la violencia con las personas que deben enfrentarla. En qué clase de fragilidad las ubica. “Lo que a mí me parece es que a veces pierden de vista eso”, dice a su turno Anahí, desde Rosario. “Acá hay mujeres que no pueden salir de la casa porque el marido no las deja, y para esas mujeres no hay plan que valga. ¡Si las tienen encerradas! O lo que pasa con otras, que son tan pobres que no se pueden gastar cien pesos –que es lo que cuesta el colectivo acá en Rosario- para ir a la entrevista de admisión-. Hacé la cuenta: doscientos pesos. Y con doscientos pesos te comprás una leche y tus chicos comen algo”, argumenta. “Tienen que venir acá, bajar a los barrios y ver lo que pasa. En mi barrio pegan, pegan todos los días y nadie hace nada. Oimos los gritos. La policía también. Pero, ¿quién se mete?”, pregunta. Y ahí queda su duda, suspendida en el aire. Pinchando todo alrededor.