El gobierno argentino firmó, este lunes, un comunicado elaborado en conjunto con los gobiernos de México, Colombia y Bolivia expresando su preocupación por la remoción del ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo.

“Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”, inicia el comunicado, compartido en la web oficial de la Cancillería.

Los cuatro gobiernos aseguran, en el texto, que Castillo fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió su mandato, y argumentan que esta situación constituye una violación del artículo 23 del Pacto de Costa Rica. Además, afirman que el tratamiento judicial que recibió el dirigente peruano es violatorio de la misma convención, en este caso de su artículo 25.

El comunicado hace, además, un “llamado” a respetar lo que la voluntad que los ciudadanos peruanos expresaron en las urnas, en consonancia con la noción de democracia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, el documento firmado por el gobierno solicita a las autoridades de Perú que “respeten los derechos humanos del presidente Pedro Castillo” y le garanticen la protección judicial prevista por el artículo 25 de la convención mencionada.

Debido a las crecientes protestas tras la destitución de Castillo en Perú, la ahora presidenta Dina Boluarte debió acceder a adelantar las elecciones presidenciales en el país para abril de 2024. Aún así, las protestas y la represión en la calle no terminaron, y las personas muertas a raíz del conflicto ya suman al menos 6.

Qué dice el Pacto de Costa Rica

El artículo 23 del Pacto, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todos los ciudadanos deben tener derecho a “participar en la dirección de asuntos públicos” ya sea directamente o mediante representantes “libremente elegidos”, a votar y a ser elegidos “elecciones periódicas auténticas”, y a acceder, “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Por su parte, el artículo 25 del Pacto de Costa Rica establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”.