Al menos dos personas murieron ayer en las protestas contra la destitución del presidente Pedro Castillo, el nuevo gobierno y el Congreso de Perú, que se multiplicaron en el interior el país con rutas y aeropuertos bloqueados.
Los manifestantes chocaron contra la policía que intentó, sin éxito, reponer la calma y normalidad frente al llamado a paro y las protestas generalizadas.
Las manifestaciones y protestas se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino, por cuarto día consecutivo, en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido en una unidad de la Policía Nacional, en Lima.
"Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos. Exhorto a la población a la tranquilidad", dijo el ministro de Interior César Cervantes a la radio RPP.
Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos
César Cervantes
Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, según imágenes difundidas por televisoras locales, reportó la agencia de noticias AFP.
En Andahuaylas, donde las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Los primeros atacaban con hondas y piedras, y las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos.
En esa ciudad del departamento Apurímac, situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde ayer por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que envió el sábado desde Lima un contingente de 150 efectivos con el objeto de restablecer el orden en Andahuaylas.
Asimismo, un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en “insurgencia popular” y llamó a un paro por tiempo indefinido en esa región, según el diario La República y la radio RPP. De Apurímac es oriunda la flamante presidenta de la república, Dina Boluarte.
En ese contexto, el gobierno regional declaró esta tarde en alerta amarilla al sector de salud, para garantizar la atención permanente, y suspendió "hasta nuevo aviso" las clases y demás actividades educativas, a fin de proteger la vida y la salud de los estudiantes, según la agencia Andina.
También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes.
Asimismo, el gobernador, Baltazar Lantarón, convocó a dirigentes y representantes de los diversos sectores sociales a una mesa de diálogo "a la brevedad posible".
Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa -la segunda ciudad del país, a unos 1.010 kilómetros al sudeste de la capital- hacia el sur de país, incluido el centro turístico de Cusco, debido a los abundantes bloqueos de vías.
Por otra parte, los autoridades regionales pidieron dialogar con Boluarte a fin de "mantener inversiones, proyectos, para distintos sectores como salud, educación, agricultura, transportes y otros", afirmó el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente.
"Que se convoque a un diálogo nacional; creemos que la instancia más propicia es el Acuerdo Nacional, donde están diversas instituciones, trabajadores, sector privado, entre otros", dijo Benavente.
Que se convoque a un diálogo nacional; creemos que la instancia más propicia es el Acuerdo Nacional, donde están diversas instituciones, trabajadores, sector privado, entre otros.
Jean Paul Benavente
El Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo y compromiso de políticas de Estado, conformado por los gobiernos nacional, regionales y locales, así como por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Mientras tanto, el Congreso unicameral se aprestaba a sesionar esta tarde para examinar la marcha de las “diligencias preliminares” de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta.
El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.
Por esa decisión, que fue considerada como un “golpe de estado” y para la que Castillo no tuvo apoyo ni de su partido ni de su gabinete ni de las fuerzas armadas y de seguridad, el Congreso destituyó inmediatamente al hasta entonces mandatario y tomó juramento a su sucesora natural, la hasta allí vicepresidenta Boluarte.
Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días. De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
En Lima, cientos de partidarios de Castillo marcharon el sábado por el centro histórico de la ciudad hacia el Congreso convocados por agrupaciones de izquierda en una manifestación que congregó menos gente que en días previos.
La continuidad de las protestas. que exigen la restitución de Castillo en la presidencia, provocó que la Policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta “nueva orden”.
Castillo acusó a Boluarte de dirigir un "plan maquiavélico"
El expresidente peruano Pedro Castillo acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual presidenta, Dina Boluarte, de dirigir un "plan maquiavélico" en su contra, en sus primeras declaraciones públicas desde que fue destituido y detenido tras disolver el Congreso.
A través de una carta publicada por el congresista Guillermo Bermejo, el expresidente de izquierda dijo que varias personas lo "obligaron a sacarse una muestra" de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer el sábado.
"En la tarde del sábado un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad", denunció.
En la tarde del sábado un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento
Este viernes se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica con la que determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.
La noticia que se dio a conocer después de que Bermejo sugiriese que Castillo "no se encontraba en sus facultades" cuando cometió los actos que están siendo juzgados como un delito de rebelión.
El propio congresista demandó el viernes que se le realizase esta prueba para dirimir si había sido un movimiento "inducido".
Sin embargo, Castillo ha afirmado que no descarta que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estén dirigiendo "este plan maquiavélico", informó la agencia de noticias Europa Press.
