Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. El funcionario fue sancionado por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado (malversación de fondos públicos) en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales provinciales.
El Ministerio Público Fiscal había pedido que la pena fuese de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua. Mientras tanto, su defensa había requerido la absolución ante el Tribunal.
Las causas
El juicio comenzó a fines de septiembre de 2021 y culminó a mediados de marzo de este año. El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, convalidó los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.
Una de las causas probó que Urribarri favoreció a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Según el fallo, Aguilera operaba con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. Por esta causa, recibió una pena de seis años y seis meses.
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Los jueces también consideraron probado que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para promover sus intenciones de ser el sucesor de Cristina Kirchner en la presidencia en 2015.
Además del ex mandatario entrerriano, habían sido acusados sus ex ministros Hugo Marsó (Turismo) y Pedro Baez (Comunicación). El primero fue absuelto mientras que al segundo se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a perpetuidad ya que la Justicia entendió que “utilizaron fondos públicos para un interés netamente particular, disfrazado de un acto de gobierno”.
Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.
