Continúa la guerra entre las empresas de alimentos y la Secretaría de Comercio Interior. Ahora la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) presentó un reclamo administrativo en rechazo a la vigencia del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), mediante el cual las empresas deben comunicar mensualmente los valores y stocks de sus productos.

A mediados de marzo pasado la Secretaría de Comercio definió las primeras 24 actividades de sectores de comercio y de la industria que deberán rendirle cuentas a Sipre. Las empresas están obligadas a dar cuenta de sus productos comercializados por categorización y desagregación, precisar si es nuevo, vigente o discontinuado, y detallar su agrupamiento según la Clasificación Central de Productos (PC).

También indicar su subcategoría del producto y su respectivo Código EAN (de barras), o en caso de no corresponder, un código equivalente interno del mismo, con sus detalles correspondientes, que son marca, modelo, presentación y unidad de medida. Además tienen que informar los productos con destino industrial, de comercialización mayorista y minorista, precios de lista con y sin IVA, bonificaciones otorgadas, cantidades vendidas y stock disponibles.

Algunas de las empresas afectadas por esta medida son Coca Cola, Ivess, La Salteña, La Serenísima, Ledesma, Molinos Mondelez, Nestlé, Paladini, Pepsico, Quilmes, Unilever, entre otras. 

En representación de sus 35 cámaras socias, que nuclean al 31% de de los puestos de trabajo industriales, Copal interpuso "un reclamo administrativo, requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación", informó en un comunicado.

Entre los principales fundamentos se mencionan la "ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad" de la resolución que dio lugar a la creación del Sipre, al considerar que "lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas".

La entidad, que preside Daniel Funes de Rioja, dijo que esta medida "intensifica la carga burocrática de las empresas, demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria".

El objetivo de estas medidas es tener un control más riguroso de los precios y el stock de productos. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, explicó que buscan que "las empresas a que vuelvan a producir a su máxima capacidad, y que nos muestren que lo están haciendo para volver a abastecer a las góndolas de estos productos que detectamos como faltantes".

“Esto no es una intervención, es un régimen informativo. Esto nos va a permitir tener la información para poder saber dónde está el problema de abastecimiento y así tomar mejores medidas con respecto a los eslabones hacia atrás”.