El Gobierno limitó las comunicaciones telefónicas de los presos de alto riesgo y suspendió por 30 días el derecho a utilizar el teléfono para los narcos Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.
A través de la Resolución 297/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad implementó una serie de “medidas de control previstas en el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal en la realización de las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema”.
Según la nueva resolución, el teléfono público se ubicará fuera del sector de alojamiento y cada interno de alto riesgo podrá comunicarse telefónicamente a través de la/s línea/s autorizada/s, una vez por semana, en un día y horario fijos y determinados en forma previa.
La cartera a cargo de Patricia Bullrich aclaró que “las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las comunicaciones que cada interno efectúe con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubiera designado en tal carácter y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo, ni tampoco a las comunicaciones que se efectúen con los organismos de control”.
Las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las comunicaciones que cada interno efectúe con sus abogados defensores.
“Las personas privadas de la libertad incorporadas al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, presentan altos o muy altos niveles de riesgo de fuga, de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad, riesgo de corrupción y violación del régimen interno con propósitos criminales, y riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales”, especificó el Poder Ejecutivo sobre los peligros que conllevan estos criminales para la sociedad.
