La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri anunciaron un paquete de leyes que buscarán modificar, así como implementar otras nuevas. Estas normativas en materia de seguridad incluirán, entre otros puntos, penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos y mayor presencia de las Fuerzas Armadas en para conflictos internos.
Los funcionarios afirmaron que entre las leyes que se modificarán o que se enviarán al Congreso para su aprobación se incluyen: legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos, así como una nueva ley de Seguridad Interior.
“Estamos modificando la ley de seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el interior. A partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales que pongan en peligros los intereses de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a quedar tareas a realizar tareas de seguridad”, afirmó Petri.
En este sentido, Petri señaló que “no es para delitos comunes”, y explicó que podría intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.
Por otro lado, indicaron que van a enviar al Congreso la llamada "Ley Antimafias". "Esto tiene su origen en el código de ley de antimafia italiano", aseguró la ministra Bullrich. Y explicó: "Esto significa que el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo de esa organización".
"Delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, intimidación púiblica, terrorismo, tenencia ilegal de armas y explosivos", enumeró la ministra sobre los principales delitos que atenderá esta nueva normativa de seguridad. En concreto, propusieron la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior.
Muchas de estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.
En cuanto al punto de marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” pase de uno a tres años y seis meses de prisión.
Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.
