Le prohibieron a tres integrantes de Revolución Federal acercarse al Congreso y a la casa de Cristina Kirchner. El juez también requirió que se investigue a Rossana Caputo, hermana de Luis Caputo, para saber si se encargó o no de financiar a la organización libertaria.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió a Jonathan Morel, líder de la organización, y a Leonardo Sosa y Gastón Guerra acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner y el de sus familiares. La orden viene después de que el juez alojara el pedido de los apoderados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal bajo el argumento de que "es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso".

Los tres integrantes de la organización libertaria que nació en San Martín, Provincia de Buenos Aires, están imputados por amenazas y coacción a distintas personas, entre ellas, la exvicepresidenta, por delitos que cometieron entre mayo y octubre de 2022.

Para asegurarse de que los imputados cumplan con la medida, la fiscalía dispuso "rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta", y para esto se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico".

Sosa, uno de los imputados, apareció en el recinto del Congreso cuando se trató la Ley Ómnibus, hecho que prendió las alarmas.

Además de la prohibición, en la causa se dispuso que se llame a Rossana Caputo "a prestar declaración indagatoria". La querella de la expresidenta denunció ciertos vínculos entre la organización y la empresa Caputo Hermanos, liderada por Luis Caputo, actual ministro de Economía. Del lado de la defensa de los acusados, sostienen que todavía no hay pruebas suficientes como para elevarlo a juicio oral.

El link entre la empresa de los hermanos Caputo y Revolución Federal se dio con la contratación de Caputo Hermanos a Jonathan Morel en 2022, que tenía una carpintería de barrio en Boulogne. La querella resalta que la contratación habría sido una pantalla para encubrir el financiamiento de los actos de Revolución Federal, que saltó al ojo público en su primera convocatoria a movilizarse contra el gobierno frente a Casa Rosada el 25 de mayo de 2022.

En esa oportunidad, un grupo recudido de personas, entre quienes estaban los tres imputados, llegaron a la Plaza de Mayo con la maqueta de una guillotina.