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Mundo

Julian Assange juega sus últimas cartas para evitar la extradición a Estados Unidos

pancarta assange

Julian Assange, periodista australiano y fundador de WikiLeaks, preso desde hace casi 12 años, espera desde la cárcel de alta seguridad británica de Belmarsh, un cambio en su suerte: los próximos dos días, el Tribunal Superior de Reino Unido escuchará su última apelación y decidirá si lo extraditan a Estados Unidos o no.

Si el Tribunal define repatriarlo, en Estados Unidos le esperaría una condena de hasta 175 años, por haber filtrado documentos secretos norteamericanos y publicarlos en WikiLeaks, la precursora de Wikipedia, que contribuyó a la difusión de numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos, a través de la publicación de archivos clasificados de inteligencia.

En la acusación del Tribunal Británico, sostienen que los archivos descargados por Chelsea Manning, exanalista militar, y Assange contenían "aproximadamente 90.000 informes de actividades importantes relacionadas con la guerra de Afganistán, 400.000 informes de actividades importantes relacionadas con la guerra de Irak, 800 informes de evaluación de detenidos en la Bahía de Guantánamo y 250.000 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos".

El documento más controversial fue un vídeo de 2007, que mostraba a un helicóptero estadounidense disparando contra un grupo de civiles en Bagdad. El ataque mató a 12 personas, incluidos dos niños heridos y dos fotógrafos de Reuters.

Julian Assange enfrenta cargos por colaborar con la exanalista militar Chelsea Manning para descargar archivos de inteligencia militar sobre las guerras de Irak y Afganistán entre 2010 y 2011, por lo que el Gobierno de Estados Unidos lo acusa de poner en peligro las vidas de los agentes que estaban en el campo de batalla.

Si la apelación de Assange no sale, el último recurso es una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para evitar la extradición a Estados Unidos.

Sobre el juicio y condena, uno de sus abogados, Edward Fitzgerald, sostuvo que "este procesamiento legalmente sin precedentes busca criminalizar la aplicación de prácticas periodísticas ordinarias de obtener y publicar información clasificada verdadera del interés público más obvio e importante".

En las puertas del Tribunal, cientos de manifestantes se paran para acompañar el desenvolvimiento del juicio con pancartas que critican la medida de la Justicia y defienden la libertad de expresión.

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