Patricia Bullrich tuvo que ir a los tribunales federales en Retiro para defender su protocolo antipiquetes. La audiencia fue convocada para hoy por el juez federal Sebastián Casanello, en respuesta a un habeas corpus que presentaron algunas organizaciones de izquierda.

La audiencia empezó poco después de las 11 y terminó pasado el mediodía. De la misma participaron el juez Casanello, la fiscal Paloma Ochoa y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad y de los denunciantes. Entre ellos, estaba la legisladora de izquierda de la Ciudad, Celeste Fierro.

Según fuentes judiciales, Patricia Bullrich defendió la legalidad de su proyecto y, al momento de analizarlo, hizo hincapié en la "flagrancia" (cuando un miembro de alguna fuerza de seguridad encuentra a una persona cometiendo un delito) y respondió preguntas tanto del juez como de la fiscal.

Cerca de las 13.30, se hizo un cuarto intermedio y la justicia le hizo saber que se va a convocar una nueva audiencia, aunque todavía no se definió la fecha. En ese nuevo encuentro, Patricia Bullrich tendrá que volver a responder preguntas de Casanello y de Ochoa.

Antes de la audiencia, Celeste Fierro dio una conferencia de prensa y expresó que "es un paso muy positivo que hoy estemos en esta audiencia, además de la resolución que sacó el martes pasado el juez Casanello, que si bien no suspende el protocolo ni lo declara inconstitucional, que ha sido el pedido en nuestra acción judicial, dice que tiene que adecuarse a derecho". Y agregó que la ministra "en este protocolo se arroga facultades y el juez deja en claro que las facultades para definir que es y qué no es un delito, se hace a través del Congreso, de las leyes y que interpretarlo es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo".

Fierro denunció públicamente al protocolo antipiquetes de Bullrich el 18 de diciembre pasado, cuatro días después de que entrara en vigencia, y lo declaró inconstitucional y como una violación al derecho de reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, asociación y libre expresión, entre otros derechos. En enero, amplió esta denuncia en la justicia luego de que una organización social recibiera una carta documento intimándolos a pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre por cifras superiores a los 100 millones de pesos.