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Política

A un día de retomar el debate por la Ley Ómnibus, siguen las diferencias entre diputados y el Gobierno por algunos artículos

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Mañana se retoman las sesiones en el Congreso para debatir la Ley Ómnibus, esta vez, en lo particular. En ese contexto, siguen las negociaciones entre los diputados y el Gobierno para aprobar o no ciertos artículos que generan polémica. Uno de los más comprometidos, por ejemplo, es el de la coparticipación del Impuesto País, aunque desde el Ejecutivo ya avisaron que no piensan ceder ante las presiones de los legisladores del interior.

Los legisladores cordobeses presionan para debatir la coparticipación del Impuesto País el martes, cuando se retomen las sesiones por el debate de la Ley punto por punto. Para ellos, es una forma de que las provincias reciban algún beneficio que les fue quitado con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a manos del exministro de Economía, Sergio Massa.

La cosa está tan seria que, medio en broma y medio en serio, un legislador de Córdoba deslizó que “Si no lo quieren meter en la discusión, les vamos a coparticipar el impuesto PAIS a las trompadas”, pocos minutos después de que terminara la votación general el viernes pasado. Por su parte, el gobernador de esa provincia, Martín Llaryora, presiona para que esta negociación se de en la votación punto por punto que empieza este martes a las 14. De hecho, puede que de esto dependa su apoyo o no al artículo que habla sobre las delegaciones del Legislativo al Ejecutivo, teniendo en cuenta que advirtieron que tienen "varias diferencias" en ese punto.

Por el lado del oficialismo, Guillermo Francos aclaró en una entrevista radial que en caso de que la oposición quiera imponer que se trate el Impuesto País, desde el Ejecutivo tienen la decisión tomada de vetarlo en caso de que se apruebe. “El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el Impuesto País”, dijo.

Manuel Adorni se sumó a esta postura y aclaró en una de sus conferencias que "no vamos a discutir ningún punto que tenga que ver con lo fiscal. Después de aprobar la ley discutiremos el paquete fiscal que fue quitado". Esto da una clara señal: para el presidente y su equipo, el Impuesto País "no es una moneda de cambio".

De parte del círculo del gobernador de Córdoba, explicaron que "no depende de ellos (del Gobierno) que se discuta o no. Es verdad que pueden vetar, es un atributo presidencial, pero veremos en los hechos qué sucede". Llaryora junto con otros gobernadores que están de acuerdo con su postura temen que, en caso de que la ley pase tal cual está, los gobiernos provinciales queden desfinanciados. Si esto pasa, Milei ya tendría aprobada la ley que quería para ejercer su gobierno y ya sería muy difícil negociar. Este es uno de los motivos fundamentales por los cuales buscan debatir ahora las cuestiones fiscales y no una vez aprobada la ley. Sin embargo, es una negociación que está generando muchos problemas entre las dos partes.

La postura de la UCR en el punto por punto de la Ley Ómnibus

La UCR se reunió durante casi cuatro horas para debatir cómo votar. Lo mismo pasó con los cordobeses y la tarde del lunes estuvo llena de reuniones para examinar en detalle cada punto y cómo seguir. Por su parte, el bloque que lidera Rodrigo De Loredo espera que haya novedades con respecto a la coparticipación del Impuesto País y al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGI). Por este último, los gobernadores piden que se les de una compensación para lograr equilibrar las deudas de las cajas de jubilaciones de cada provincia.

Hasta el momento, los radicales apoyarían el ítem que habla de la privatización de las empresas del Estado, pero quieren que haya algunos cambios en los artículos que tienen que ver con la transparencia y que dejan su venta bajo la supervisión de una comisión bicameral.

Durante esta extensa reunión también hablaron sobre el tema de la seguridad. Una parte está alineada a los pedidos de Patricia Bullrich, pero la mayoría no está de acuerdo con la suba de penas para aquellos que participen de manifestaciones. También hay diferencias en los puntos que hablan de modificar el concepto de la legítima defensa y de la resistencia a la autoridad.

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