Guillermo Francos cargó contra la decisión del gobernador de La Rioja de emitir cuasimonedas en la provincia y la catalogó como “ilegal”, además de advertir que existen sanciones para esa clase de medidas. En una entrevista, el ministro del Interior le advirtió a Ricardo Quintela que “está incumpliendo” un pacto fiscal” y que “puede tener multas”.
Dos semanas atrás, la Legislatura de La Rioja autorizó al gobierno provincial a emitir $22.500 millones en cuasimonedas, unos bonos llamados Bocade que surgieron, en principio, como respuesta al recorte de los ingresos provinciales que se desprendió de determinadas decisiones del Gobierno nacional.
“Todos los gobernadores saben que es ilegal, hay un impacto fiscal que hay que negociarlo, hay un impacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas”, sostuvo Guillermo Francos en una entrevista concedida a Neura.
“Es ilegal lo de La Rioja”, remarcó el ministro del Interior y fundamentó su frase diciendo que “conforme a la Ley, a los convenios que tienen firmados de consenso fiscal la nación y las provincias, la decisión que él (Quintela) ha tomado es ilegal y eso tiene determinadas sanciones”.
“Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas para pagar impuestos”, siguió el ministro. Consultado por las consecuencias concretas que podría sufrir el gobierno de La Rioja, respondió que “puede tener multas” y “diversas sanciones”.
Dicho esto, agregó que como parte de esas sanciones “se le puede cortar envíos de anticipos del Tesoro del Estado”, aunque enseguida recalculó y se corrigió diciendo que de todos modos “hoy no hay” anticipos “porque no hay plata”, pero que “si hubiera, el Estado lo puede sancionar y no mandarle nada”.
“Que los use allá adentro de su provincia”, resolvió el ministro, pero no dejó de insistir en que “está incumpliendo el pacto fiscal” y “tendrá la sanciones que establece el pacto”.
Guillermo Francos se reunió con gobernadores para negociar la Ley Ómnibus
Ayer por la tarde, Francos se reunió con gobernadores asociados a lo que algunos llaman “oposición dialoguista” para negociar cambios a la controvertida Ley Ómnibus y hacerla avanzar en el Congreso.
De esa reunión trascendieron una serie de acuerdos, en línea con lo que reveló el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a su salida: "Se pudieron destrabar un montón de cosas para avanzar en consensos necesarios para que el Gobierno cuente con esas herramientas".
Consultado por el capítulo que delega facultades legislativas al Ejecutivo, el mandatario chubutense respondió: "Hay un compromiso del Gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipables federal, que no atente contra los intereses de la provincia".
Asimismo, comunicó que el bloque de provincias patagónicas conformado por Chubut, Rio Negro y Neuquén "llegaron a un acuerdo" para "hacerse cargo de una obra muy importante de gas, que tendría que hacer la Nación".
Además, en la reunión con Francos se acordó que algunos puntos de la Ley Ómnibus "van a ir para atrás”, tales como lo referente a la pesca, el tema de las privatizaciones y el biodiésel, “porque no tienen votos”.
Por otra parte, un conjunto de fuentes que asistieron a la reunión dijeron a Télam que un 30% del impuesto País podría coparticiparse a las provincias, a modo de compensación por la quita del Impuesto a las Ganancias.
A ese respecto, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, resaltó que renovar "el impuesto País puede ser una llave importante para que continúe y las provincias puedan tener presupuesto para hacer obras".
Más tarde, el entorno de Milei salió a aclarar que lo que se hará con ese tributo no está definido. “La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, publicó la cuenta oficial de la presidencia.
