La Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, derogó por decreto 69 normas de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y Precios Justos, que regulan y controlan los precios.
En la Resolución 51/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que la derogación de las 69 normas será para "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio", en la misma línea de desregulación económica que impulsan con el DNU y la Ley Ómnibus.
Estas normas "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado", según lo que informó la Secretaría. No se trata de la derogación de leyes completas sino de secciones que regulaban el comercio interior y "que eran utilizadas para condicionar al sector privado", sostuvieron desde el Gobierno.
Además, expresaron desde el organismo que "estas herramientas solo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país".
Las normas que se derogaron integran "las previsiones de las Leyes Números 19.511 (Ley de Metrología), 20.680 (Ley de Abastecimiento), 22.802 (Lealtad Comercial), 24.240 (Defensa del Consumidor), 25.065 (Tarjetas de crédito), 25.542 (Ley de libros), 26.682 (Regulación de la medicina prepaga), 26.992 (Observatorio de precios), 26.993 (Conciliación), 27.521 (Ley de talles), 27.545 (Ley de Góndolas) y el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019" (Lealtad comercial).
Dentro de las normas derogadas está la eliminación de la Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos y del Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios, establecido por el Gobierno de Alberto Fernández.
Normativas complementarias de la Ley de Góndolas y de Abastecimiento, de Precios Cuidados y de Precios Justos, que ya habían finalizado, pero que todavía estaban en vigencia. También se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.
También, en la Resolución se derogó la obligación que establecía que los frigoríficos debían informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas y el programa de acceso a productos regionales en supermercados de grandes superficies.
