Ya lo venían pidiendo funcionarios de la Ciudad como Waldo Wolff y el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se valió de un robo protagonizado por extranjeros para pedir su expulsión. Esta vez, desde el gobierno nacional, Patricia Bullrich apuntó a los asesinatos recientes durante la toma de tierras en González Catán para revelar que impulsará una ley que permita echar del país a los inmigrantes que cometan delitos.
Este jueves, durante una entrevista radial, la ministra de Seguridad criticó el accionar del gobierno de Axel Kicillof frente a la masacre cometida durante la asamblea de una toma en González Catán. Tras señalar que ya existía orden de desalojo sobre esas tierras, comentó: “Si a mí me dan la orden de desalojo, mañana te lo desalojo. Ni bien en cualquier terreno entra la primera usurpación, afuera”.
Apoyándose en esos hechos, reflotó el tema de los inmigrantes para adelantar un proyecto del oficialismo. “Ahora vamos a cambiar las leyes, después que se voten estas, para que extranjeros que delinquen en Argentina y son irregulares se vayan del país”, dijo a radio El Observador, y agregó: “Por supuesto que hay extranjeros que delinquen y generan un daño muy fuerte, tienen que cumplir una pena. Porque si no, irse del país sería como una salvación”.
Esta misma semana, y aludiendo al mismo caso, Bullrich dijo que ante la “usurpación de terrenos” por parte de extranjeros sin domicilio permanente en nuestro país “la Justicia debería proceder a echarlos de forma inmediata”.
En los mismos términos, Jorge Macri tuiteó la semana pasada que “hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, en su caso luego de relatar un robo ocurrido en Balvanera y protagonizado por inmigrantes. El jefe de Gobierno no habló de nuevas leyes pero sí de “restituir” un decreto de 2017 que modificaba la Ley de Migraciones para permitir esas expulsiones.
Se trataba del DNU 70/2017, que cambiaba la Ley Inmigratoria reemplazando su artículo 29 por uno que permitía denegar la entrada al país o expulsar a los extranjeros que hubieran cometido ciertos tipos de delitos.
Esa norma rigió hasta 2021, cuando Alberto Fernández la derogó argumentando que atentaba contra “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Entre esas vulneraciones de derechos que implicaba el DNU de Mauricio Macri, el expresidente mencionó “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
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