Más de 1.500 personalidades de la política, la cultura, la ciencia y el sindicalismo firmaron un comunicado en el que piden rechazar las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno en el DNU y la Ley Ómnibus.

El documento, "en defensa del Estado social de derecho", convoca a adherir al paro del 24 de enero y se refiere a la "megadevaluación del 118%", que hizo que la inflación se duplique, con un impacto directo en la caída del poder adquisitivo y el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida.

"El Decreto 70/2023 es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente", expresan en el documento.

Desde el comunicado advierten que las medidas del Gobierno solo empujan a 'las tres flexibilizaciones': flexibilización laboral, flexibilización impositiva, y flexibilización de las normas ambientales".

En el comunicado recuerdan que el DNU fue elaborada por exfuncionarios de Fernando De La Rúa (1999-2001) y de Mauricio Macri (2015-2019), como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich.

Entre los firmantes del arco político están Axel Kicillof, Ricardo Quintela y el diputado Máximo Kirchner; los sindicalistas Pablo Moyano, Hugo Godoy y Hugo Yasky; el exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni; y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Además, al documento lo integran distintas personalidades de la cultura, como músicos, actores y profesionales. Entre ellos, el músico Peteco Carabajal, las actrices Cecilia Roth, Charo López y Dolores Fonzi y también investigadores como Adriana Cristina Serquis, doctora en Física y Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales.

En el comunicado, los firmantes también se posicionan contra el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich por tratarse de "un protocolo autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación que avanza sobre las facultades del poder legislativo y judicial a la hora de establecer conductas jurídicamente reprochables, resolver casos y fijar penas, permitiendo el accionar arbitrario del Estado que primero actuará sobre los sectores más vulnerables para luego atacar toda disidencia social, cultural o política".