La Policía Federal Argentina (PFA), rescató este martes a treinta jóvenes (entre ellas una menor de edad) de una organización criminal, conocida como la banda de los karaokes coreanos, que se dedicaba a la explotación sexual en estos locales de entretenimiento, según detalles fuentes oficiales de la investigación.

Se realizaron siete allanamientos en los que la policía dispuso un despliegue de efectivos con brigadas especializadas, grupos de contención y personal del Departamento Técnico del Cibercrimen y de la División Video y Comunicaciones Aeronaúticas para que aporten dos aeronaves no tripuladas que permitieron asegurar visión desde las alturas.

De esta manera, lograron detener a siete personas de origen coreano. Según trascendió, el grupo era liderado por un hombre de 47 años, dueño de dos karaokes y de un comercio de dispensa de bebidas alcohólicas.

Otro de los imputados, sobrino del dueño, era el encargado de llevar a mujeres de distintos lugares del mundo y las obligaba a hacer de "acompañantes coperas" para luego retirarse a lugares íntimos para mantener relaciones sexuales.

En el lugar del allanamiento, encontraron a una joven de 17 años que supuestamente cumplía el rol de "encargada" por lo que, reportaron las autoridades, se tomaron "medidas urgentes". Tras el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa judicial.

Además se constató la presencia de evidencias relacionadas con el delito de explotación sexual, la ausencia total de condiciones higiénicas y de seguridad, así como otras irregularidades que condujeron al cierre de la totalidad de los establecimientos comerciales involucrados.

La investigación tuvo inicio a mediados del año 2023, por instrucciones de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, liderada por Alejandra Mangano. El Departamento Trata de Personas llevó a cabo una serie de pesquisas dirigidas hacia este grupo delictivo. En relación a los acontecimientos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini y con la Secretaría Nº 2 a cargo de Sebastián Martínez, tomó intervención en el caso.