"Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país", expresaron algunos Gobernadores de la Patagonia "en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas" y en rechazo al proyecto de Ley Ómnibus enviada al Congreso por Javier Milei.
A través de un comunicado firmado por el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, los mandatarios expresaron su repudio al proyecto que, entre otras cosas, modifica los objetivos del Régimen Federal Pesquero y del Consejo Federal Pesquero (CFP).
Con la nueva legislación los recursos del mar argentino quedarán expuestos a licitaciones internacionales, habrá permeabilidad de la Zona Económica Exclusiva Argentina a flotas extranjeras, libre albedrío de puertos nacionales y/o extranjeros e imprevisibilidad de la sostenibilidad de los recursos marinos argentinos. Además, se abre la posibilidad de ventas de recursos sin ningún tipo de control.
"En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos", expresaron los dirigentes.
El segundo aspecto que señalaron los gobernadores tiene que ver con “el Articulo 27, también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”.
Por último, sentenciaron: “Rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”.
