Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, opinó sobre el megadecreto y la Ley Ómnibus que presentó el gobierno de Javier Milei. Explicó: "El DNU entra en vigencia mañana y ya tiene varias presentaciones, algunas con carácter preventivo, y estas causas tendrán novedades, con cautelares y eventualmente una sentencia de fondo. No hay nada que discutir acá más allá de una cuestión de puro derecho".
Siguió: "En relación a la Ley Ómnibus, hay que esperar a ver si se aprueba o no, y en qué condiciones, para ver si las objeciones constitucionales que hacemos al proyecto se concretan y es viable judicializarlas".
En diálogo con C5N, Gil Domínguez planteó: "Con el llamado a Extraordinarias y el envío del proyecto de ley, y la solicitud del DNU 70/2023, el presidente está demostrando que no se dan las condiciones previstas por la Constitución para el dictado del DNU, que es que el Congreso no pueda funcionar".
Desarrolló: "Él lo ha puesto en funcionamiento y le ha pedido que ratifique una norma que solo puede ser dictada cuando el Congreso no esté funcionando. Más claro imposible para que el primer juez que analice el tema dicte una medida cautelar urgente porque el propio presidente a través de sus actos demuestra que no se dan estos presupuestos".
Además, el constitucionalista analizó la delegación de poderes solicitada por el Poder Ejecutivo con el inmenso proyecto de ley que enviaron al Congreso: "La delegación legislativa está prevista en nuestra Constitución, en el artículo 76. Es una delegación acotada, con bases precisas, ciertas y un periodo de tiempo razonable. Acá se pide una delegación con 16 bases imprecisas, abiertas, determinadas, que le permitiría al presidente legislar con decretos delegados más los DNUs que él considera que puede dictar cuando quiere, clausurando definitivamente al Congreso y que duraría todo su mandato".
Por otro lado, le lanzó una advertencia a los diputados y senadores: "Tenemos que recordar que nuestra Constitución establece que aquellos legisladores y legisladoras que concedan la suma del poder publico al ejecutivo son pasibles del delito de traición a la patria, de la pena de infames traidores a la patria, porque la Constitución prohibe una transferencia total de las facultades legislativas al poder ejecutivo"
El constitucionalista explicó: "Este proyecto, al igual que el DNU, usa una herramienta de la constitución, abusa de la misma, desviándose del ejercicio legitimo del poder para obtener una reforma constitucional encubierta y para incumplir tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional sin seguir el procedimiento para desligarse de esas obligaciones".
"El capítulo sobre manifestaciones -aseguró Gil Domínguez- es violatorio de forma integral de los estándares interamericanos emergentes de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en nuestro sistema tienen jerarquía constitucional porque es prohibir el derecho a la protesta pacífica y penalizarlo". Añadió: "Prohibir, porque hay que pedir permiso previamente que si no se da hay una penalización con tipos penales muy amplios, muy ambiguos, con aumento de la pena para que sea de cumplimiento efectivo, es la penalización de la protesta pacífica, es la prohibición absoluta mediante la vía penal, es la peor de todas".
Para el abogado constitucionalista, el megadecreto y la ley ómnibus no son parte de una "mescolanza irracional", sino que es "una estrategia de gobierno de alguien que intenta acumular en el poder ejecutivo las funciones administrativas y legislativas". Expresó: "Son modelos decisionistas, autoritarios, que usan las herramientas de la Constitución Nacional para devorarla junto a los demás poderes. Es una estrategia bien pensada para reformar la constitución por fuera de los mecanismos y establecer un sistema donde el poder ejecutivo concentre las funciones administrativas y legislativas". Y vaticinó: "Cuando sienta molestias por parte del periodismo y el poder judicial, también va a ir por ellos".
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