El Gobierno de Milei hoy, después de una reunión de Gabinete, anunció que auditará los planes Potenciar Trabajo después de ordenar dar de baja los contratos de más de 7.000 empleados de la administración pública iniciados después del primero de enero de 2023.

Los Potenciar Trabajo pasarán a revisión porque "que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta", expresó el portavoz oficial, Manuel Adorni. Como objetivo está "transparentar el sistema" y que los planes "dejen de significar un negocio para los intermediarios".

E informó que, según una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible con esta prestación.

"Se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros", expresó Adorni.

Y agregó: "160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo". Marijuan ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios del "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, muchos de ellos "en numerosas oportunidades".