El juez federal Sebastián Ramos anuló la causa que investigaba el viaje de jueces, exfuncionarios y empresarios del Grupo Clarín a la estancia del magnate inglés, Joe Lewis, en Lago Escondido y sobreseyó a todos los que estaban imputados en el expediente.
Ramos falló en favor de sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de Casación, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (del estratégico fuero en lo contencioso administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth, del asesor en comunicación Tomás Reinke y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
El fallo firmado ayer, al filo de la Navidad y de la feria judicial, fue notificado a las partes. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no lo apela la semana próxima, quedará cerrado definitivamente.
En el fallo, el juez Ramos sostuvo que existió una “actividad de seguimiento irregular” por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la que acusó de cruzar el límite de la privacidad: “Para evitar excursiones de pesca sancionables con la nulidad absoluta. No existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.
No existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis y, por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos
Según la argumentación del juez, “esta investigación vuelve a dejar al descubierto un complejo entramado de prácticas que deben ser analizadas estrictamente bajo la órbita de la protección de las garantías constitucionales. Aquí corresponde hacer especial hincapié, pues ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados. Fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales -tal como fuera el caso analizado del comunicado emitido por ambas concejalas de Bariloche y El Bolsón o la imagen del manifiesto de vuelo publicado en Twitter-, y que terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.
El fallo, de esta forma, no dio cabida a la cuestión de fondo: la aceptación de dádivas de altos funcionarios del judiciales y funcionarios políticos de sectores empresariales, que atenta contra el principio de independencia y probidad del Poder Judicial.
Cabe señalar que la causa de Lago Escondido se inició en Bariloche, donde la fiscal imputó a los involucrados, pero a pedido de uno de los jueces acusados -Yadarola- a principios de este año el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py por decisión del camarista federal porteño Eduardo Farah.
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