Javier Milei dio a conocer que el Procurador del Tesoro será Rodolfo Barra, exministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Menem. Pero lo más llamativo de su pasado no es ese, sino que en ese entonces tuvo que renunciar cuando se descubrió que en su juventud tenía una postura nazi y ultranacionalista, con un paso por el grupo Tacuara, organización política fascista​ y neonazi.

Además de anunciar el futuro cargo de Patricia Bullrich, la Oficina del Presidente Electo confirmó la designación de Barra. Esta noticia generó revuelo de inmediato debido a la historia que rodea a quien fue juez de la Corte Suprema de la mayoría automática entre 1989 y 1993. Inmediatamente después pasó a ser ministro de Justicia, cargo que tuvo hasta 1996.

Ese año se reveló una parte un tanto turbia de la juventud de Barra, cuando estuvo vinculado a organizaciones de tendencias nazis y ultranacionalistas. En ese entonces, incluso, la revista Noticias publicó en su portada una foto en la que aparecía un Barra adolescente haciendo el saludo nazi junto a varios compañeros de militancia.

Formaba parte de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, organización política juvenil ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, de perfil afín al fascismo y neonazi, que se mantuvo activa entre 1957 y 1966. En esos tiempos, también habría sido arrestado por un atentado contra una sinagoga a la que le arrojaron alquitrán.

Las múltiples muestras de rechazo que generaron estas revelaciones, en especial en el seno de la comunidad judía argentina, llevaron al entonces ministro a recurrir a varias justificaciones. "Se aprovecharon del idealismo juvenil para orientarlo a posiciones extremas", se defendió entonces, y agregó una frase que quedó para la historia: “Si fui nazi, me arrepiento”.

Durante su paso por el ministerio de Justicia ocurrió el atentado a la AMIA, y un año antes de asumir en la cartera se había producido el atentado en la Embajada de Israel. estancamiento de las causas por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. El propio ministro de Economía de ese entonces, Domingo Cavallo, lo acusó de haber estancado ambas causas.

Por otro lado, alguno de los proyectos más polémicos que el abogado ideó en la función pública fueron la llamada "Ley Mordaza", que apuntaba contra la libertad de expresión, y la denominada "Ley Anticorrupción", que prohibía al periodismo la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios.