El fiscal federal Guillermo Marijuán hizo una denuncia este miércoles en la que señala que desde el 2020 hasta hoy casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo viajaron al exterior, señalando la incompatibilidad del nivel económico necesario para viajar con los requisitos para recibir el beneficio. La causa quedó en manos de la jueza federal María Servini.
Marijuán presentó un pedido de baja de 159.919 programas Potenciar Trabajo porque sus beneficiarios registraron viajes al exterior entre el 2020 y la actualidad, lo cual según el fiscal es “palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”. También solicitó que se investigue a los funcionarios que no habrían controlado el cumplimiento de las condiciones necesarias para otorgar el beneficio.
“La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, argumentó el fiscal según citó Infobae.
Conforme al relevamiento, iniciado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) que maneja Marijuán, 159.919 titulares del programa realizaron un total de 812.906 movimientos migratorios desde el 2020. Según los detalles, 817 de esos movimientos fueron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular en auto, y los restantes 149.227 no están especificados.
“En lo atinente a la duración de los viajes registrados desde 2020, surge de la base recibida que: 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”, se lee también en el escrito.
El fiscal mencionó entre los argumentos para su denuncia que el programa debe asignarse a personas que están “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad social” y/o que se desempeñan “en alguna actividad de la Economía Popular”. En efecto, el Potenciar Trabajo consiste, precisamente, en un impulso a los emprendimientos populares.
De este modo, la fiscalía de Marijuán considera que el hecho de haber viajado es de por sí una señal de que los beneficiarios no son económicamente vulnerables o de que no necesitan impulso para sus actividades económicas, por lo cual pidió la baja de los programas y la apertura de una investigación por el delito de violación de los deberes de funcionario público, aunque sin mencionar a los funcionarios que deberían ser imputados.
