Este martes, en una sesión maratónica en la que también resultaron aprobados el proyecto sobre devolución del IVA y las modificaciones del Senado a la Ley de Alquileres, Diputados sancionó la Ley Olimpia sobre Violencia Digital contra las Mujeres y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. ¿De qué se trata cada proyecto?
Ley Olimpia
La Ley Olimpia es un proyecto internacional que viene impulsándose en nuestro país desde hace meses y que ayer fue sancionado definitivamente tras volver con un cambio en su redacción desde el Senado. Se trata de una iniciativa de la activista mexicana Olimpia Coral Melo en articulación con organizaciones feministas argentinas.
La norma, que recibió 230 votos a favor sin oposiciones ni abstenciones, tiene por objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital” y también el respeto de “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.
De este modo, incorpora modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, entre ellas la introducción de la frase “en el espacio analógico o digital” dentro de la definición de la violencia contra las mujeres.
Centralmente, la Ley Olimpia agrega en el artículo 6 la la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
Además, establece una serie de responsabilidades para el Estado, entre ellas “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital, conforme citó el sitio Parlamentario.com.
En esta línea, el proyecto indica también que las autoridades deberán “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, tanto en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.
Los jueces podrán ordenar a las plataformas que retiren los contenidos que constituyan actos de violencia de género digital.
En lo relativo a los procesos judiciales, la norma dispone que está entre los derechos de las víctimas el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.
Además, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital” y prohibirle el contacto con la víctima.
Otro dato no menor es que los magistrados tendrán el poder de “ordenar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.
Tras la aprobación de la Ley Olimpia, la diputada Karina Banfi (UCR) la celebró y aseguró que espera “su pronta reglamentación”. En este contexto, subrayó la necesidad de que “el Congreso avance en la creación de la figura del tipo penal de la difusión de videos de naturaleza sexual sin conocimiento” para “acabar con el acoso sexual que viven muchas mujeres cuando es violada su confianza”.
El proyecto fue presentado por la diputada Mónica Macha (FdT) e impulsado por la propia Olimpia, que estuvo hasta hace poco en Argentina acompañando el tratamiento de la Ley. Por su parte, Macha afirmó que el proyecto “es producto de la definición de distintas organizaciones como Gentic (Organización Género y TIC) y como el grupo de Ley Olimpia en Argentina” y destacó que “muchas de ellas son víctimas y sobrevivientes de la violencia digital”.
En México, Olimpia logró que 32 estados de su país tengan la ley, mientras que propuestas similares se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Estados Unidos. Acá, la iniciativa fue impulsada, originalmente, por varias organizaciones reunidas en el colectivo "Campaña contra la Violencia Digital".
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030
El proyecto del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 fue elaborado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que ya contaba con sanción del Senado, fue aprobada por 156 votos afirmativos y dos abstenciones correspondientes a Rubén Manzi, de la Coalición Cívica, y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
El plan consiste en "diez desafíos nacionales" con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Los presuntos objetivos del plan son "erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria", conforme citó Télam.
Además, la iniciativa busca "contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética".
Por último, el proyecto propone "lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino".
Para lograr tales objetivos, el Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención, y proyecta una inversión del 0,85 % del PBI en 2025 (cuando en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030.
