La Justicia federal de La Plata desestimó por "inexistencia de delito" una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en la vacunación durante la pandemia de Covid-19.
En la resolución, el juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que había "inexistencia de delito" ante la acusación de que la mandataria hubiera recibido una dosis de Sputnik V, alterando el orden del plan de vacunación vigente.
En la denuncia inicial, radicada ante el Juzgado Federal 5 de Capital Federal por los dirigentes opositores Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza, se la acusaba a Cristina Kirchner de "simular la calidad de legítima destinataria de la vacuna de acuerdo con la política sanitaria y los criterios sanitarios vigentes" en el Hospital Juan Domingo Perón ubicado en Avellaneda, donde la vicepresidenta se vacunó el 24 de enero de 2021.
Los denunciantes basaban sus sospechas en "información periodística" que aseguraba que la mandataria "podría haber formado parte de un ardid en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, tendiente a obtener un beneficio sanitario (la vacuna) que no le correspondía - al menos en esa instancia -, en desmedro de terceros (personal de salud), a quienes sí estaba destinada". Además, argumentaban que ese supuesto "ardid" podría haber consistido en simular la calidad de legítima destinataria de la vacuna de acuerdo con la política sanitaria y los criterios vigentes.
Según se planteó, los destinatarios a los que se referían eran un grupo de 30 trabajadores del hospital a quienes se les había cancelado el turno para aplicarse la vacuna -entre el 11 y 22 de enero de 2021- alegando que se habían acabado las dosis.
Ramos Padilla descartó este supuesto delito por "la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos". En ese sentido, se menciona que la vicepresidenta y el entonces viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter imágenes y videos de la vacunación. Además, se destaca que "resultaría absurdo sostener que una persona que es públicamente conocida y que además exhibe en sus redes sociales el momento de su vacunación llevó a cabo un ardid o engaño o simuló una calidad o categoría particular para obtener acceso a dicha vacuna".
"Debe descartarse la existencia de cualquier tipo de ardid, engaño, calidad simulada o fraude a la administración pública en orden a la inoculación denunciada, pues se trató de un acto llevado a cabo de manera pública y se encontraba autorizado por la normativa vigente", dice la resolución. Y agrega que "no puede configurarse ningún delito vinculado con malversaciones de bienes públicos".
Además, Ramos Padilla explicó que, al momento de los hechos denunciados, estaba vigente el "Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19" que había sido oficializado a través de la resolución 2883/2020. En ese Plan se definió entre su "Población Objetivo" el "Personal estratégico", descrito como "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o trasmisión", incluyendo a los "funcionarios del Estado".
En este sentido, considera que hay "inexistencia del delito", teniendo en cuenta que Cristina Kirchner se hallaba comprendida en esa categoría.
