El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila recibió una condena hoy a seis años de cárcel por recibir coimas de narcotraficantes a los que debía investigar para beneficiarlos con resoluciones judiciales. Además, el Tribunal Oral Federal de Corrientes también condenó a dos ex secretarios del juzgado y a los abogados que actuaron como intermediarios de los sobornos.
La decisión se tomó por mayoría, y el tribunal rechazó condenar al juez por asociación ilícita, que era lo que había solicitado la Fiscalía en sus alegatos finales. Bajo esos cargos, el exjuez podría haber recibido una condena de 15 años. Los fundamentos del veredicto se conocerán el 16 de agosto y a partir de ese momento las partes podrán apelar.
Soto Dávila estaba en la sala de audiencias donde se escuchó su veredicto. Durante el juicio, el exjuez había dicho: "Los arrepentidos que declararon en mi contra son los que mandé a la cárcel. No soy jefe de ninguna asociación ilícita".
El fiscal federal Carlos Schaefer, junto a los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y Martín Uriona, habían acusado al ex juez de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (es decir, cobrar coimas), y de nueve casos de prevaricato (dictar sentencias contrarias a derecho).
La acusación se basaba, sobre todo, en las escuchas telefónicas en las que los narcos hablaban de cómo le pagaban coimas al juez para obtener veredictos y resoluciones judiciales a su favor, y las declaraciones de los arrepentidos. Se calcula que Soto Dávila recibió 25 millones de pesos en sobornos solo en el 2015.
Finalmente, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones condenaron a Soto Dávila por tres hechos de cohecho pasivo agravado y por tres de prevaricato. Además, condenaron a cinco años a Pablo Molina, a cuatro años a Federico Grau (ex secretarios del juzgado de Soto Dávila) y a dos al abogado Duylio Horacio Barboza Galeano, acusados de ser intermediarios en el pago de las coimas. Por el otro lado, fueron absueltos los abogados Gregorio Humberto Giménez y Alfredo Viglione, y el exintendente de la ciudad de Empedrado Juan Manuel Faraone.
