En medio de la investigación del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sorprendió la decición que tomó el diputado del PRO Gerardo Milman: Se presentó voluntariamente en los tribunales federales y se autoimputó. Además, pidió acceder al expediente y conocer los detalles de la causa. Su defensa estará a cargo de Manuel Barros, quien fuera el abogado de la Gendarmería cuando se le imputó la desaparición de Santiago Maldonado.
En su momento, el fiscal Carlos Rívolo -quien tiene a cargo la investigación-, ya había dicho que Milman no estaba imputado formalmente. Sin embargo, solicitó secuestrar su teléfono previo a iniciar un proceso de desafuero. La respuesta de la juez María Eugenia Capuchetti fue negativa: al no estar imputado, no había por qué secuestrar el celular del legislador.
Entrecruzamiento
Eso generó críticas de la defensa de Cristina Kirchner contra la jueza y el fiscal. Los abogados de la Vicepresidenta insistirán la semana próxima con la recusación de Rívolo. La Cámara Federal, en tanto, debatirá a partir del 22 de junio si hace lugar al pedido del secuestro de teléfono de Milman.
Lo que sí habilitó la jueza fue un análisis del entrecruzamiento de llamados entre los teléfonos. El primer grupo estaba compuesto por los “copitos”: Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, la pareja acusada de haber intentado matar a Cristina Kirchner; el jefe de ambos, Nicolás Carrizo, también preso como partícipe secundario del atentado; y Agustina Díaz, la amiga de Brenda que estuvo presa y para quien la fiscalía pidió su sobreseimiento, con el aval tácito de Cristina que no pidió para ella el juicio oral. El segundo grupo de teléfonos era el del propio Milman y sus dos secretarias: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco (con sus dos líneas).
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJUDECO) informó en las últimas horas el resultado de esos entrecruzamiento: no hay ningún cruce entre los “copitos” y Milman y sus secretarias. El período analizado fue entre el 1 de agosto al 2 de septiembre del 2022.
La jueza corrió vista a las defensas para que se pronuncien en los próximos días. El miércoles por la noche, sin embargo, la querella de Cristina pidió la suspensión de la elevación a juicio. Dijo que había pruebas que se habían encontrado en la causa Revolución Federal, que tramita por cuerda separada, y que debía profundizarse.
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