La Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad que termine con el relevamiento de los edificios patrimoniales construidos antes de 1941 para garantizar su conservación.
La petición judicial fue realizada por organizaciones de urbanismo y conservación del patrimonio: el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Asociación Civil Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, SOS Caballito y por los abogados Jonathan Baldiviezo y María Carmen Usandivaras.
Qué dice el fallo judicial
El fallo del Tribunal llama a crear el catálogo definitivo basado en el relevamiento de todos los inmuebles públicos o privados emplazados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941.
Además, insta a dedicarse a la protección de los inmuebles y piezas arquitectónicas que lo requieran luego de conocerse los resultados de la evaluación. Se trata de una conquista que representa "el avance en la defensa del patrimonio arquitectónico de la Ciudad", aseguran desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Otra de las conquistas que aseguran la preservación de los edificios ilustres porteños es la obligación estipulada por el Fallo de "abstenerse a autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones (incluyendo el registro de planos) con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio de la ciudad" cuyos planos sean anteriores a los de la fecha estipulada.
El Gobierno de la Ciudad deberá documentar el catálogo definitivo una vez terminado para demostrar que ha cumplido con los requerimientos de la condena.
Jonathan Baldiviezo, expresó, "el Gobierno de la Ciudad posterga finalizar la evaluación de todos los inmuebles anteriores a 1941 porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que se van solicitando los permisos de demolición y con procedimientos pocos transparentes sujeta los análisis a los intereses inmobiliarios".
En este sentido, agregó, "la ciudadanía se entera cuando la demolición se encuentra en marcha y ya es casi imposible cuestionar administrativamente o en la justicia". También se refirió a que "no existe un procedimiento democrático amplio para que la ciudadanía sea parte de la valoración patrimonial de un inmueble. Este análisis queda en mano de unas pocas personas designadas por el Poder Ejecutivo, que sabemos responde al poder inmobiliario-financiero".
Sentencia
