En 2016 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata los había condenado por crímenes de lesa humanidad luego de un juicio que repasó el accionar de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que asesinó a 50 personas. En diciembre de 2022 la Sala II de la Cámara de Casación Federal absolvió a cuatro de los siete condenados hace seis años.
La sala II de Casación está compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques; pero solo hizo falta el voto de los dos primeros para absolver a los hermanos Juan Pedro y Juan Carlos Asaro, a José Luis Granel y a Roberto Justel.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires está juntando firmas para repudiar el fallo y ya cuentan con el apoyo cientos de personas y otras agrupaciones de derechos humanos. También planean acudir a la Corte Suprema de Justicia.
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue un grupo paramilitar y parapolicial que tuvo sus bases en Mar del Plata y en La Plata y que cometió delitos de lesa humanidad en los años anteriores a la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina.
En 2016 condenaron al exfiscal Gustavo Demarchi, a Mario Durquet y a Fernando Otero a prisión perpetua por haber formado parte de una asociación ilícita, es decir, de la CNU y ser considerados coautores de los ocho homicidios en juicio. A los hermanos Juan Pedro y Juan Carlos Asaro, a José Luis Granel y a Roberto Justel los condenaron a entre 3 y 7 años de prisión por participar de la agrupación criminal.
El fallo de finales de diciembre también benefició a Fernando Otero porque si bien le confirmaron la perpetua, lo absolvieron por el homicidio de la docente María del Carmen Maggi.
El camarista Yacobucci, quien suele tender a reflejar la Teoría de los Dos Demonios en sus fallos jurídicos, determinó que faltaron pruebas para probar la actuación criminal de los cuatro represores absueltos.
"Si bien algunos hechos aquí juzgados constituyen -como se adelantó- crímenes de lesa humanidad, esto no implica que la sola pertenencia a una organización política como la denominada CNU, o una agrupación profesional de abogados peronistas o una filial sindical –CGT- de la zona de Mar del Plata, determinen una imputación asociativa cuya ilicitud alcance la naturaleza de aquel tipo de ilícitos", consideró al momento de emitir su voto.
"Esta sentencia de Casación tiene una gravedad equiparable al 2x1 de la Corte", denunció en diálogo con Página 12 Carlos Díaz, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires.
