Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola terminaron con el alegato y pedido de condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros doce imputados por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. En este sentido, pidieron 12 años de cárcel para la vicepresidenta y la inhabilitación de por vida de cargos públicos.
La fiscalía acusó a la expresidenta de ser jefa de una asociación ilícita constituida por Néstor Kirchner en el Estado, e integrada como organizadores por el ex ministro Julio de Vido, y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, y Báez y del delito de fraude contra la administración pública.
Pidieron 12 años de prisión para CFK y Báez, y 10 para De Vido y López; además de la inhabilitación de por vida de cargos públicos de los exfuncionarios y el decomiso de las ganancias obtenidas.
"Se trata, probablemente, de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", indicó Luciani. Y agregó: "Sustrajeron fondos del Estado para uso particular. La corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó relegado".
En este sentido, el fiscal acusó a Cristina de fraude al Estado y solicitó que tenga una condena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, al igual que al resto de los exfuncionarios imputados.
Luego, el fiscal apeló al artículo 36 de la Constitución Nacional, que asemeja a la corrupción con un "atentado al sistema democrático", por lo que de confirmarse la condena, el delito no prescribiría.
Antes, el fiscal Mola aseguró que "todos los presupuestos oficiales contenían sobreprecios entre 18% y 102%" y que "el perjuicio por las obras abandonadas es de 3.571 millones de pesos". En este sentido, afirmó que en total, el monto total que habría sido desviado "no resulta menor a 5.321 millones de pesos, aproximadamente 1.000 millones de dólares", aunque a esa suma se la debería actualizar a la cotización actual.
En esta línea, Luciani pidió el decomiso de las ganancias obtenidas por los delitos de todos los acusados. Pidió, además, decomisar propiedades del grupo Báez, y que de dictarse una eventual condena, los bienes sean destinados a una entidad de bien público.
El perjuicio al Estado no resulta menor a 5.321 millones de pesos, aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Fiscal Sergio Mola
Cristina Kirchner
"Su condición de Presidenta de la Nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público", dijo Luciani. Pidió 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Lázaro Báez
"Como agravante se evaluó la creación del armado societario para receptar los contratos viales, como también el lucro persona que se expone en su incremento patrimonial”, dijo el fiscal Luciani. “Sistemáticamente realizó todas las acciones para que sus empresas se hicieran de licitaciones ilegales y obtuvieran los pagos", y habló de "codicia desmedida". Pidió 12 años de prisión.
Julio De Vido
Tenía "el dominio de la estructura de la realización de obra pública vial, su intervención era determinante para su realización, mantenimiento y financiación”, afirmó. Y sumó: "Tenía una intervención directa, sumado a sus omisiones, permite comprender su papel trascendental, por eso se pondera de manera negativa su cargo, la máxima autoridad del Ministerio de Planificación". Pidió 10 años de prisión.
José López
El fiscal Luciani consideró que López "tuvo un rol principal para mantener este sistema de favorecimiento a favor de Báez". En ese sentido, aseguró que “ponía en marcha las órdenes dadas por Cristina Fernández y Julio De Vido y Nelson Periotti". "Abusó sistemáticamente de su cargo para llevar la maniobra delictiva a cabo", agregó. Pidió 10 años de prisión.
Nelson Periotti
En el caso del ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, reiteró que es un agravante el cargo que ostentaba siendo que desde el organismo salieron las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez. Pidió 10 años de prisión.
Carlos Kirchner
"Cometió una acción dolosa en el tiempo en incumplimiento con los deberes que le correspondían como funcionario, su franca inacción se extendió a lo largo de 10 años", dijo el fiscal Luciani. Pidió 2 años de prisión en suspenso.
Abel Fatala
"Permitió que no haya controles en el registro de empresas constructoras y esto posibilitó que Lázaro Báez siga ganando obras pese a carecer de capacidad de construcción”. Pidió 4 años de prisión.
Resto de los acusados
En cuanto a los ex directores de Vialidad Nacional con asiento en Santa Cruz (Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda), como los responsables de quienes dirigieron la Agencia Provincial de Vialidad (Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibáñez), la fiscalía afirmó que "su aporte subvirtiendo los deberes que ostentaba como funcionarios públicos, la falta de controles, las obras otorgadas a Báez y los pagos habilitados de forma ilegal e irregular" constituyen el agravante.
En este sentido, pidió 6 años de prisión para Collareda y Villafañe; 5 para Daurich y Pavesi; 4 para Santibañes; y 3 años para Garro.
