Un sitio web bajo el nombre de Sanctioned Suicide está siendo investigado por Interpol después de que el New York Times informara que la página promueve el suicidio y es dirigida por un uruguayo que vive en Montevideo.
Creada en marzo de 2018, uno de los responsables sería una persona de 29 años, hijo de un abogado, que se presenta bajo el nombre de Serge. Su socio fue encontrado en Huntsville, en Alabama, Estados Unidos, bajo el nombre de Marquis.
Uruguay es, además, el país con mayor cantidad de suicidios de América Latina. En 2020, se quitaron la vida un total de 718 personas, un promedio de casi dos personas por día.
El uruguayo, además de dirigir el sitio, se encargaría de interactuar con usuarios a través de pseudónimos. Según las redes sociales de la organización, Sanctioned Suicide es “una comunidad pro-elección que discute las enfermedades mentales y el suicidio desde la perspectiva de las personas suicidas, así como las implicaciones morales del acto”. Sin embargo, se los acusa de difundir métodos para quitarse la vida, particularmente a través del uso de un veneno que se utiliza para la conservación de carne.
La investigación
El sitio está siendo investigado hace tres años en distintos países. A finales de 2019, un médico forense inglés denunció ante las autoridades de su país a la página web por constatar que desde ahí se había asesorado a un hombre joven para que se quitara la vida. Hay otras investigaciones abiertas en Alemania, Italia y Australia por situaciones parecidas. En esos países el sitio fue bloqueado y ya no es accesible.
Se han contabilizado 45 suicidios conectados a la organización, es decir, personas que se habían registrado en el sitio un tiempo antes de quitarse la vida. La web cuenta con seis millones de visitas mensuales, por lo menos veinte mil miembros y fue creada después de que varias redes sociales prohibieran los foros con contenidos de este tipo.
Los investigadores encontraron más de 500 mensajes de despedidas y casos de suicidio concretado, incluyendo algunos menores de edad, en Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Canadá y Australia.
La intervención de Uruguay
Desde que fue publicada la investigación, Interpol Uruguay comenzó a analizar la situación. Se encuentra en manos de delitos informáticos desde el sábado pasado, lo cual implica chequear la información periodística y recolectar datos sobre fuentes y la propia plataforma. En caso de que lo encuentren necesario, se dará cuenta a la Fiscalía, informó La Diaria.
Según el artículo 315 del Código Penal de Uruguay, un delito de asistencia al suicidio se comete cuando una persona “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”. Las penas previstas para esta circunstancia es de entre seis meses y seis años de prisión si la muerte llega a concretarse. El delito se agrava cuando se trata de un menor de edad o una persona con “inteligencia o de voluntad deprimidas por enfermedad mental o por el abuso de alcohol o el uso de estupefacientes”, llegando a una pena de 12 años en prisión.
Sin embargo, no es tan fácil aplicar ese delito a este caso, ya que no están claros cuáles son los hechos que pueden atribuírseles a los dirigentes de Sanctioned Suicide. El delito de asistencia al suicidio tiene que ver con la intervención directa a una persona y este caso sería una persona que promueve el suicidio a través de una publicación en internet.
Aún resta por analizar varias cuestiones dentro del caso: si hay víctimas uruguayas, dónde se encuentran alojados los sitios que involucran la investigación, la identidad de las personas a las que se acusa de dirigir la página web, cuál es su responsabilidad exactamente y qué evidencia se puede obtener de todo esto. A pesar de la investigación periodística, Interpol Uruguay aún no recibió comunicaciones por parte de otros países del extranjero con respecto a este caso. Según Fiscalía, no hay investigación oficial hasta ahora.
