El gobernador de Formosa, Gildo Insfran, determinó que quien quiera cruzar el río Bermejo para ingresar a la provincia deberá abonar $5000 en concepto de tres hisopados preventivos.

Los conflictos en la provincia no cesaron desde que inició la pandemia, comenzando por las 8 mil familias varadas, las reiteradas protestas en contra de las restricciones y el escándalo con el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Aníbal Gómez, que atropelló a un manifestante. 

Según La Nación, a mediados de abril comenzó a regir esta nueva medida. Desde entonces, más de 100 grupos familiares ya iniciaron acciones judiciales contra esta indicación. Al mismo tiempo, cayó a más de la mitad la cantidad de gente que ingresa a Formosa por día: actualmente el promedio ronda entre los 300 ingresos diarios mientras que en abril se encontraban entre los 600 y 1700.

En los papeles, la normativa provincial excede del pago de los hisopados al personal esencial y a todo aquel que “ya recibió la vacuna contra el Covid-19, que posee test positivo de anticuerpos o bien que ya fue dado de alta luego de transitar la enfermedad”. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre.

Esto no es preventivo. El fin es recaudatorio. Es el pago de un peaje”, señaló un formoseño a La Nación.

Así lo explicó un formoseño de 36 años que prefirió mantener en reserva su nombre, dado que forma parte de las fuerzas de Gendarmería: “Me hacen abonar igual. Si tenés plata, sos bienvenido, si no, te quedás afuera. Esto no es preventivo. El fin es recaudatorio. Es el pago de un peaje”.

“Tengo un hijo de diez años, mis padres y hermanos en Formosa, pero no puedo viajar a verlos porque necesito $25.000 solo para poder pasar junto al resto de mi familia, con quienes vivo en Hurlingham. Eso sin siquiera contar el costo del traslado”, indicó.

También afirmó que en diciembre viajó a Formosa con anticuerpos contra el coronavirus y un PCR negativo, pero, aún así, fue trasladado a un centro de aislamiento en el barrio Nueva Pompeya de la capital por cinco días, junto a su mujer y su hijo. “Alcé la voz, porque no me correspondía ir a ninguna escuela, y fui detenido por 24 horas”, agregó.

El médico del Hospital Central de Formosa, Héctor Hugo López Cano contó: “La frontera entre Chaco y Formosa parece un control migratorio internacional. Si no salís a hacer una tarea de salud que le interese a la provincia, como, por ejemplo, el traslado de un paciente a Resistencia, te cobran. Yo tengo mi esposa e hijos en Corrientes y pagué los $5000 por cada vez que viajé a verlos”.

“Conozco todos los testeos. Te cobran ese monto por tres supuestos PCRs, pero el primero, que te lo hacen al entrar, es un testeo rápido, que está entre $800 y $900”, continuó.

“Tuve que llevar a mi familia a Corrientes para que mi hija pueda ir al secundario de manera presencial, dado que en Formosa no volvieron a abrir las escuelas desde marzo del año pasado. Yo sigo trabajando acá. Ya fui y vine cuatro veces, pagué $20.000 y no lo puedo hacer más”, manifestó Guillermo, que se dedica a la venta de artículos de limpieza y a la renta de locales comerciales. El comerciante se traslada con el resultado positivo de un testeo de anticuerpos que, se supone, lo debería eximir del desembolso en la aduana pero eso no sucede.

Tampoco Marcelo Ocampo, empresario gastronómico que también trasladó a su mujer y su hijo de tres años a la ciudad de Corrientes. “Son muchos los que, si pueden, se van para allá, donde se vive una vida normal. En Formosa tenés a la policía amedrentándote todo el tiempo. Llevo cinco hisopados pagados, por $25.000, aún con el estudio de anticuerpos a mi favor”, explicó.

El 18 de mayo último, el ministro Aníbal Gómez, defendió la normativa: “Esto ha permitido disminuir considerablemente la movilidad de personas que se van a otras provincias por cuestiones no esenciales. Lo tenemos que ver como algo muy positivo, porque permite salvar vidas más allá de algunos inconvenientes que siempre estamos dispuestos a subsanar”.

En cuanto a las acciones legales, el equipo de abogados de la Unión Cívica Radical formoseña presentó habeas corpus por casi 70 personas y grupos familiares que por motivos económicos no pueden volver a su provincia. Además, indicaron que les llegan a diario más de 40 consultas por este motivo.

Por su parte, la concejala y abogada del peronismo disidente local Gabriela Neme también presentó medidas judiciales en defensa de otras 20 familias y prepara escritos por 30 más. Neme afirmó haber recibido más de 800 reclamos desde que empezó a regir la normativa del pago de hisopados.